La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 37 votos, la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso a expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión. La iniciativa, turnada en solo 40 minutos de debate a la Mesa Directiva, busca establecer un marco jurídico unificado que elimine vacíos legales y permita la persecución de oficio de este ilícito, cuya incidencia aumentó 57.6% entre 2018 y 2025.
La reforma al artículo 73 constitucional obligará a definir el tipo penal de extorsión, sus agravantes y sanciones, con énfasis en modalidades como el cobro de piso y estafas telefónicas, vinculadas al crimen organizado. Diputados de todos los partidos coincidieron en la urgencia de esta medida, citando casos recientes como el de una maestra agredida en Veracruz. “No podemos permitir que estas imágenes se repitan”, afirmó Cristina Márquez del PAN, mientras Rubén Moreira (PRI) pidió incluir a fiscales estatales en la elaboración de la ley secundaria.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México pasó de un promedio diario de 18.89 extorsiones en 2018 a 29.77 en enero de 2025. El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de los casos en 2024-2025. La disparidad en penas –que van de 1 año en Oaxaca a 30 en Chihuahua– dificulta el combate eficaz, problema que la nueva legislación buscará resolver con homologación nacional.
El dictamen destaca la necesidad de articular acciones de inteligencia, capacitación de ministerios públicos y reparación integral para víctimas. Morena, promotor principal de la iniciativa, enfatizó que la extorsión ya no será un delito de querella privada, permitiendo a fiscales investigar sin denuncia previa.
El pleno discutirá la reforma en septiembre, con alta probabilidad de aprobación dado el consenso multipartidista. Sin embargo, expertos advierten que el éxito dependerá de la asignación de recursos para fiscalías estatales y de mecanismos que protejan a denunciantes. Mientras tanto, la bancada opositora ha insistido en que la ley secundaria incluya medidas contra la extorsión a autoridades municipales, frecuentemente coaccionadas por grupos criminales.
Esta iniciativa se suma a la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en julio, que prioriza delitos patrimoniales. De convertirse en ley, marcaría un precedente en la unificación de criterios penales frente a un ilícito que, según cifras oficiales, afecta a 7 de cada 10 pequeñas empresas en zonas de alta incidencia.
