La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 31 votos a favor y 12 en contra la reforma a la Ley Aduanera presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye cambios significativos en la vigencia de las patentes y autorizaciones que requieren agentes y agencias aduanales para operar. Los legisladores ampliaron de 10 a 20 años la vigencia de estos documentos, los cuales además podrán ser prorrogados por un periodo adicional de 20 años, aplicándose esta extensión incluso a las patentes emitidas antes de la aprobación de la reforma.
La reforma, que fue enviada por el Ejecutivo federal hace un mes, recibió el respaldo de los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra. Se tiene previsto que el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote esta reforma en su sesión ordinaria del martes 7 de octubre, marcando un paso crucial en su proceso legislativo.
Al fundamentar las modificaciones, el diputado Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y miembro de Morena, explicó que “las modificaciones son a efecto de brindar mayor certeza a los agentes y agencias, respecto de las inversiones que han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo para brindar sus servicios”. Este cambio busca proporcionar estabilidad jurídica y operativa al sector aduanal, permitiendo una planeación a más largo plazo de sus inversiones y operaciones.
Otro cambio significativo aprobado por los diputados se refiere al periodo de certificación que los agentes aduanales deberán cumplir para mantener vigente su patente de trabajo. La reforma establece que esta certificación deberá realizarse cada tres años, en lugar de cada dos como se proponía originalmente en la iniciativa presidencial. Sobre este ajuste, Altamirano señaló que “se busca mantener los estándares de actualización y profesionalización continua que se requieren para llevar a cabo el despacho aduanero, sin que ello implique mayores cargas administrativas tanto para los agentes aduanales, agencias aduanales y para la autoridad”.
Los diputados de Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que servirá como una herramienta crucial para combatir la evasión fiscal en los productos que ingresan al país. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, explicó que la reforma busca eficientar la operación de las aduanas, donde México registra pérdidas millonarias por productos a los que no se les cobra adecuadamente el impuesto correspondiente por su ingreso al territorio nacional, como ocurre con el acero, combustibles y azúcar.
Ramírez Cuéllar proporcionó cifras concretas sobre el impacto económico de la evasión fiscal, estimando que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el llamado “huachicol fiscal” en combustibles provocó una pérdida de 4,600 millones de dólares que debían haberse cobrado en impuestos en las aduanas mexicanas. El legislador afirmó que esta reforma representa “la firme decisión del Estado mexicano de cerrar el paso a la corrupción y al contrabando, y de poner fin a la impunidad en las aduanas”.
En contraste, los partidos de oposición manifestaron su desacuerdo con el contenido de la reforma, argumentando que no será suficiente para combatir efectivamente la evasión fiscal. La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, criticó que “la propuesta se enfoca casi exclusivamente en imponer nuevas cargas y controles a los agentes y agencias aduanales, pero omite establecer mecanismos claros y vinculantes de control, supervisión y sanción sobre las autoridades responsables como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
El diputado Jericó Abramo, del Partido Revolucionario Institucional, coincidió en esta crítica al señalar la disparidad de tratamiento entre los agentes aduanales privados y los funcionarios públicos: “mientras que a los particulares, específicamente a los agentes aduanales, se les somete a un riguroso proceso de selección, y a una certificación para tener una patente, no existe un requisito legal equiparable para los funcionarios públicos que rigen y dirigen aduanas. Es algo no equitativo y que pone en riesgo la competitividad del país”.
Por su parte, el diputado Federico Döring, del Partido Acción Nacional, cuestionó que el gobierno no quiera asumir corresponsabilidad en el problema de la evasión fiscal. El legislador panista ejemplificó su argumento señalando que en el caso del huachicol fiscal, este fenómeno no se explica únicamente por la corrupción de los agentes aduanales, sino también por la participación de integrantes de la Secretaría de Marina que vigilan las aduanas. “El 99 % del huachicol fiscal no está en los agentes aduanales, está en la corrupción de los marinos, como los Farías Laguna en las aduanas, y eso no lo quisieron hacer, no quisieron deshacerse de la corrupción de los marinos en el sistema aduanero”, afirmó Döring durante la discusión del dictamen.
