El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país con un tipo penal uniforme y penas más severas que alcanzan hasta 15 años de prisión.
La ley general de extorsión, avalada por unanimidad con 456 votos a favor, establece que el delito se investigará de oficio y proporciona al Estado mexicano un marco legal unificado para combatir este ilícito que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. La iniciativa aprobada establece el aumento de las penas de seis hasta 15 años de prisión para el delito de extorsión y fija que estas sanciones se incrementarán en una tercera parte y hasta la mitad cuando el delito sea cometido contra menores de edad, personas migrantes, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad.
Asimismo, para proteger la integridad de las víctimas y testigos, la nueva legislación permite realizar denuncias anónimas, incluso mediante el número telefónico 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar de quienes decidan reportar casos de extorsión, eliminando así una de las principales barreras que históricamente han impedido la denuncia de este delito por temor a represalias por parte de los extorsionadores.
Pese a que la mayoría de los diputados votaron a favor de la reforma en lo general, algunos legisladores manifestaron su intención de modificar la iniciativa en aspectos específicos como el establecimiento de penas aún más severas y la asignación de presupuesto para su implementación efectiva, por lo que presentaron decenas de reservas que serán expuestas por 60 legisladores y discutidas este martes durante la fase de revisión en lo particular del dictamen.
Durante el debate parlamentario, todos los grupos legislativos se mostraron a favor de la iniciativa, coincidiendo en que la extorsión es un delito que no ha parado de crecer y que impacta significativamente en la vida social y económica del país. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, retomó lo dicho el día anterior por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien había aceptado que la extorsión es el único delito que no ha parado de crecer, sexenio tras sexenio, reflejando la urgencia de contar con legislación específica para combatirlo.
“Nosotros reconocemos en lo general los avances en la materia de esta Ley General de Extorsión. Creemos que es fundamental, aunque le estamos dando facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, desde lo federal, combatir el tema cuando se trata del crimen organizado, para no dejar de combatirlo desde lo local”, detalló el legislador de Movimiento Ciudadano durante su intervención en el pleno de la Cámara Baja.
Por su parte, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya, resaltó que su partido votaría a favor del dictamen por la importancia y la sensibilidad para combatir la extorsión, pero adelantó que presentarían reservas para modificar la propuesta en su aspecto presupuestal, argumentando que sin recursos adecuados la implementación de la ley estaría comprometida desde su inicio.
“Que la coordinación requiere presupuesto, que la coordinación requiere inteligencia, capacitación y preparación de los municipios, de los estados y de la federación. Y que, cuando estamos hablando de que no habrá presupuesto para implementar estas medidas, pues estamos mandando a los policías y a todo el sistema judicial a una guerra sin fusil. Por eso decimos aquí, todos los grupos parlamentarios, que estamos dando un paso al frente para combatir la extorsión”, explicó el legislador panista.
Anaya añadió durante su intervención que “un tema sin presupuesto, pues estamos dando un paso en falso, estamos simulando que vamos a combatir la extorsión. Porque amigas y amigos, el artículo noveno transitorio de esta ley, dice textualmente: que no habrá recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal del 2026 para la extorsión, Luego, entonces, cómo vamos a pedirle a los estados que implementen estas acciones que acabo de enumerar sin ningún recurso adicional”, cuestionando así la viabilidad financiera de la nueva legislación sin una asignación presupuestal específica para su operación.
La aprobación de esta Ley General contra la Extorsión representa un avance significativo en la legislación mexicana para combatir uno de los delitos que más afecta a la población civil y al sector empresarial, particularmente mediante modalidades como el cobro de piso a comercios, la extorsión telefónica y el secuestro virtual, que han proliferado en diversas regiones del país con impunidad creciente en los últimos años debido a la falta de un marco jurídico específico y unificado para su persecución y sanción.
