La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos, quien será deportado y juzgado en territorio mexicano por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht, luego de que autoridades lo ubicaron como parte de alertas internacionales solicitadas desde 2021 por la Fiscalía General de la República.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el ex funcionario formaba parte de las alertas existentes y destacó que su regreso a México permitirá que enfrente un proceso judicial por presuntos actos de corrupción. La detención, ocurrida en Estados Unidos, se da en el contexto de investigaciones relacionadas con sobornos para la operación de una planta de polietileno abastecida de etanol por Pemex, lo que, de acuerdo con la indagatoria, representó un subsidio ilegal que habría generado ganancias millonarias para la empresa brasileña Odebrecht.
Carlos Treviño Medina, quien encabezó Pemex después de Emilio Lozoya Austin, es señalado en la investigación como beneficiario de un pago de 4 millones 390 mil pesos, presuntamente entregados para facilitar la operación de dicha planta. Lozoya, actualmente procesado en México, fue quien afirmó que el soborno fue recibido por su sucesor.
En 2021, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para la localización y detención de Treviño Medina. Esto se derivó de una orden de aprehensión girada por un juez, después de que el ex funcionario no acudió a una audiencia a la que había sido citado en el marco de un juicio por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un posicionamiento enviado a Entorno, la defensa legal de Treviño negó que la detención en Estados Unidos esté vinculada con la orden judicial mexicana. Señaló que se trata de una situación estrictamente migratoria y que el ex director de Pemex se encuentra legalmente en territorio estadounidense, donde cuenta con empleo y una solicitud de asilo en trámite, lo que, según sus abogados, lo hace inextraditable.
El equipo jurídico sostuvo que no existe actualmente ficha roja en su contra porque en Estados Unidos se consideró que la investigación en México constituye una persecución que vulnera sus derechos fundamentales y el debido proceso. Además, calificó como falso que se le haya detenido para ponerlo a disposición de autoridades mexicanas, afirmando que el caso está siendo revisado por un juez competente en la materia migratoria.
La defensa manifestó su preocupación por lo que considera relaciones “transaccionales” de personas entre países fuera del marco de los tratados de extradición. Argumentó que, mientras es aceptable que se transfiera a individuos vinculados con delincuencia organizada y que representen un riesgo para la seguridad nacional, no debe aplicarse el mismo criterio a ciudadanos que gozan de presunción de inocencia.
En su declaración, también rechazaron que Treviño Medina se mantuviera oculto y afirmaron que siempre ha residido de manera legal en Estados Unidos. Indicaron que, si el gobierno mexicano pretende su regreso, debería solicitar formalmente la extradición, la cual, según la defensa, sería rechazada por la debilidad de las pruebas presentadas por Lozoya.
Finalmente, la defensa señaló que la información recibida por la presidenta sería imprecisa, afirmando que la retención de Treviño ocurrió un día antes de lo que ella declaró públicamente.
