*Seis de siete testigos comparecieron en la audiencia de Javier Duarte ante un juzgado federal del Reclusorio Norte; ratificaron indagatorias por corrupción y desaparición forzada, pero los procesos fueron frenados con amparos. Esta tarde jueza definirá si se concede o no la libertad anticipada al exgobernador.
Por: Shalma Castillo
Este miércoles se presentaron seis de los siete testigos finales citados a la audiencia relacionada con la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Durante la sesión, los declarantes y testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) expusieron el estado de seis carpetas de investigación, cinco de ellas contra el exmandatario. Los agentes ratificaron que sobre el exgobernador pesan indagatorias relacionadas con hechos de corrupción y hasta desaparición forzada, que son asuntos que no están esclarecidos, pero que de momento los procesos están frenados o suspendidos. En parte, gracias a amparos otorgados por jueces federales.
Luis Roberto Guerrero Maciel, actual fiscal especializado en Denuncias de Personas Desaparecidas en Veracruz, compareció como primer testigo. Explicó que en 2022, cuando se desempeñaba como fiscal especializado en Combate a la Corrupción, la carpeta 38/2017 relativa al delito de incumplimiento del deber legal, no pudo avanzar a la etapa intermedia debido a un amparo promovido por la defensa de Javier Duarte.
Emanuel Melgajero Barradas, actual fiscal especializado en Combate a la Corrupción en Veracruz, también testigo informó que recibió una solicitud de colaboración por parte del fiscal Manuel Granados Quiroz, de la FGR, respecto a la causa penal 38/2017 por incumplimiento del deber legal y la carpeta 56/2017 por peculado. En ambos expedientes, señaló, persiste el impedimento para iniciar la etapa intermedia debido a los amparos promovidos por la defensa. Hizo referencia que en la audiencia inicial el acusado, Javier Duarte no compareció.
Cabe señalar que durante el interrogatorio a Guillermo Hernández Isidro, fiscal anticorrupción en Veracruz, se presentó una contradicción respecto a la carpeta 38/2017: el funcionario afirmó que corresponde al delito de abuso de autoridad, mientras que otro testigo indicó que se trata de peculado.
Respecto a la carpeta 01/2023, iniciada contra Javier Duarte por desaparición forzada, el testigo Alejandro Ortega Cueto informó que el pasado 5 de noviembre una jueza le notificó que dicho expediente quedó sin efecto. En tanto, la 103/2018 también relacionada a la desaparición forzada, permanece en estado de sobreseimiento, a la espera de la resolución del recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, declaró la agente del Ministerio Público Federal, Norma Adriana Vázquez del Río, respecto a la carpeta 622/2020 por el delito de falsedad de información, iniciada por una denuncia de Javier Duarte y Karime Macías en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente en estatus de no ejercicio de la acción penal.
Vázquez del Río afirmó que Abdalá Saad señaló que Javier Duarte habría realizado transferencias de recursos públicos a empresas fantasma, y que debido a ello teme por su vida y la de su familia, ante la posibilidad de que el exgobernador tome represalias en su contra.
Tras la comparecencia de esos testigos la jueza federal a cargo del proceso ordenó un receso. La audiencia se reanudará a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para que se de a conocer la resolución.
Tácticas dilatorias: de la sorpresiva enfermedad a la lluvia de amparos
La única esperanza de la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener en prisión a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, es la acusación por entorpecer una investigación de desaparición forzada. Sin embargo, ese proceso se sostiene apenas entre aplazamientos, recursos legales y decisiones judiciales que han puesto al exgobernador cada vez más cerca de la libertad.
Lo que relata Denis Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Veracruz y testigo clave en el caso es que fueron necesarios cinco intentos de audiencia inicial para que Duarte finalmente fuera vinculado a proceso. En cada citación, asegura, hubo un nuevo obstáculo: excusas médicas, negativas a presentarse o maniobras legales para prolongar el procedimiento.
Aun así, cuando por fin se logró avanzar, el caso se tambaleó. El juez Héctor Hernández Carmona, al considerar que no existían elementos suficientes, ordenó la libertad del exgobernador. La FGR, inconforme, impugnó la resolución.
A petición de la FGR, el Gobierno de Guatemala autorizó procesar a Duarte por un delito distinto al que motivó su extradición. Se emitió entonces una orden de captura derivada de la carpeta 103/2018 por desaparición forzada.
La primera audiencia fue fijada para el 9 de agosto de 2021, pero no se realizó porque Duarte afirmó haber convivido con una persona contagiada de COVID-19. La segunda, programada para el 12 de noviembre de ese mismo año, debía concretarse por videollamada; sin embargo, el exgobernador se negó a salir de su celda. Él y su defensa alegaron desconocer la citación.
Ante los constantes retrasos, la FGR solicitó al juez Francisco Contreras Reyes una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 3 de diciembre de 2021 en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México. Aun así, Duarte obtuvo después una suspensión provisional que, aunque más tarde quedó sin efecto, volvió a detener el avance del proceso.
En 2022, un nuevo intento de audiencia fracasó, Javier Duarte argumentó problemas de salud y permaneció en su celda.
Fue hasta el 16 de noviembre de 2022, tras un año y tres meses de retrasos, cuando finalmente se celebró la audiencia inicial. Lo que ocurrió ahí detallan fue inusual, Duarte afirmó sentirse mal, dijo tener náuseas y haber vomitado, y pidió diferir la sesión, luego abandonó la audiencia sin autorización del juez.
El juez ordenó continuar sin él, horas más tarde, el exgobernador regresó atado a una silla, custodiado por personal penitenciario. Con todo, el juez determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, que al encontrarse ya detenido no modificaba su situación en la práctica.
Tiempo después, el juez Hernández Carmona promovió un incidente de inejecución, al concluir que no existían elementos para mantener la vinculación. Finalmente, el 14 de noviembre de 2024, el caso fue sobreseído. Aun así, la FGR insiste en sostener la acusación. Su impugnación sería, por ahora, el último muro que mantendría a Duarte detrás de las rejas.
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