Julio Alberto Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, denunció formalmente ante la Fiscalía del Estado haber recibido amenazas de presuntos grupos criminales, lo que evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los alcaldes en la entidad. El edil reveló que las amenazas se concretaron a través de llamadas y mensajes telefónicos hace aproximadamente dos meses, situación que lo impulsó a interponer una denuncia y solicitar protección. “Esta demanda la puse aproximadamente hace dos meses, y en los cuatro años que tengo prácticamente no había tenido esta situación”, declaró Arreola a los medios de comunicación.
El alcalde detalló que, tras presentar la denuncia, el caso ha tenido avances y las autoridades le han ofrecido apoyo de seguridad pública para el municipio, que era su solicitud principal. “Tengo una denuncia en la Fiscalía precisamente por amenazas. Ha avanzado, me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio, que es lo que nosotros hemos solicitado”, sostuvo el funcionario municipal durante su declaración. No obstante, Arreola expresó su preocupación y lamentó la generalizada falta de protección que enfrentan los alcaldes en México ante el acecho de la delincuencia organizada, un riesgo que se ha vuelto constante en múltiples regiones del país.
La denuncia del alcalde de Pátzcuaro se produce en un contexto de extrema violencia en Michoacán, marcado recientemente por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Este crimen contra un servidor público en funciones encendió las alarmas sobre los riesgos que corren los ediles en el estado.
Desaparece exalcalde de Zinapécuaro
A este hecho se suma la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, registrada desde la madrugada del 2 de noviembre. Según los reportes, el exedil fue visto por última vez alrededor de las 02:00 horas del domingo en Tierra Colorada, municipio de Hidalgo, momento en el que sus familiares perdieron contacto con él.
Respecto a la desaparición de Correa Gómez, se indicó que se desconoce su paradero desde ese momento, “por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”. Estos dos sucesos consecutivos –el homicidio de un alcalde en funciones y la desaparición de un exalcalde– crean un escenario de alta tensión para la clase política local y destacan la vulnerabilidad de los funcionarios municipales ante la acción de grupos delictivos que operan en la región. La situación ha generado una creciente alarma sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus representantes.
Frente a esta crítica situación en la entidad, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció este martes el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. La estrategia federal contempla diversos aspectos diseñados para abatir la violencia y fortalecer la seguridad, entre los que se incluye el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en la entidad, la implementación de un sistema de alerta temprana específico para los presidentes municipales, el establecimiento de salarios dignos para jornaleros agrícolas y la instalación de mesas de diálogo con diversos actores sociales y políticos.
De acuerdo con datos recabados por la organización Causa en Común, la violencia política en México durante el 2025, bajo el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ha cobrado la vida de al menos 56 actores políticos. Entre estas víctimas mortales se encuentran siete casos de alcaldes, incluyendo el más reciente de Carlos Manzo en Uruapan. Estas cifras oficiales proporcionan un marco nacional que contextualiza la denuncia del alcalde Arreola, no como un incidente aislado, sino como parte de un patrón de violencia dirigida contra funcionarios de gobierno en el nivel municipal, particularmente en estados con alta presencia de grupos delictivos como Michoacán. La efectividad de las medidas anunciadas en el “Plan Michoacán” será observada de cerca en un territorio donde la seguridad de los servidores públicos se ha convertido en una prioridad urgente.
