El gobierno de Estados Unidos acusó a México de violar el Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral firmado en 2015, al obligar unilateralmente a las aerolíneas de carga estadounidenses a reubicar sus operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El señalamiento fue hecho por el secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, mientras que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), respondió que las medidas fueron parte de una estrategia para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema aeroportuario del Valle de México.
El gobierno mexicano defendió su decisión de trasladar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, argumentando que esta medida se aplicó como parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad operativa y resolver la saturación que enfrentaba el AICM. Según la SICT, la construcción del AIFA permitió redistribuir vuelos y fortalecer la eficiencia del sistema aeroportuario metropolitano.
En un comunicado oficial, la SICT indicó que las acciones implementadas buscan garantizar la seguridad, competitividad y crecimiento sostenido del sector aeronáutico. El organismo enfatizó que la infraestructura del AIFA permite una operación más robusta, sin restricciones horarias y con mayor disponibilidad de slots, lo que ha beneficiado el transporte de carga aérea en el país.
La SICT destacó que, desde febrero de 2023 hasta julio de 2025, el AIFA ha gestionado el transporte de más de 843 mil toneladas de carga, un crecimiento significativo si se compara con las 250 mil toneladas anuales manejadas por el AICM hasta 2022. Además, resaltó que actualmente operan 47 aerolíneas de carga en el AIFA, frente a las 18 que trabajaban en el AICM antes del cambio.
El organismo federal también señaló que el aeropuerto cuenta con conectividad terrestre estratégica, lo que facilita la logística para los corredores industriales y comerciales del centro del país. Asimismo, se subrayó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública en las rutas de acceso y salida del polígono aeroportuario.
La respuesta mexicana sostuvo que las decisiones adoptadas se han traducido en beneficios tangibles para la industria aérea y los pasajeros, y que México continuará dialogando con aerolíneas, autoridades extranjeras y organismos internacionales para asegurar una cooperación constructiva.
Por su parte, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la aplicación de tres medidas inmediatas en respuesta a lo que considera un incumplimiento del acuerdo bilateral por parte de México. La primera consiste en establecer una orden conforme a la Parte 213, mediante la cual todas las aerolíneas mexicanas deberán presentar sus itinerarios detallados para operaciones hacia y desde Estados Unidos.
En segundo lugar, se activará una orden bajo la Parte 212, que obligará a las aerolíneas mexicanas a obtener aprobación previa del Departamento para operar vuelos chárter de aviones de gran tamaño, tanto de pasajeros como de carga. Finalmente, el Departamento de Transporte se reserva el derecho de rechazar futuras solicitudes de vuelos provenientes de México si no se atienden las inquietudes expuestas.
Según el secretario Sean Duffy, México mostró un “evidente desprecio” por el acuerdo bilateral y adoptó un comportamiento “sistemáticamente anticompetitivo”, perjudicando a las aerolíneas estadounidenses que operan entre ambos países.
La administración de Donald Trump también señaló que se tomarán medidas adicionales por la decisión del gobierno mexicano de rescindir en 2023 algunas franjas horarias de vuelo (slots) en el AICM y reubicar operaciones aéreas de carga. Según el Departamento de Transporte, esta situación ha generado pérdidas millonarias para empresas estadounidenses y ha distorsionado el mercado bilateral.
El organismo propuso retirar la inmunidad antimonopolio a la empresa conjunta entre Delta Air Lines y Aeroméxico, como parte de los esfuerzos para restablecer condiciones de competencia en el sector. Aunque Aeroméxico señaló que está revisando la orden y prevé emitir una respuesta conjunta con Delta, no se ha ofrecido un posicionamiento detallado hasta el momento.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las decisiones adoptadas por México desde 2022 han limitado la competencia, afectado a consumidores y perjudicado las cadenas de suministro que dependen del transporte aéreo entre ambos países. El Departamento afirmó que los cambios en el entorno operativo favorecen a competidores predominantes y generan condiciones injustas en el mercado aéreo internacional.
