Manejar en estado de ebriedad en la Ciudad de México representa no solo un arresto administrativo, sino un gasto total que fácilmente supera los 10 mil pesos, derivado de multas, el cobro por grúa, el almacenaje en el corralón y los trámites subsiguientes. Este elevado costo está estipulado en el Reglamento de Tránsito de la CDMX y se aplica con mayor rigor durante diciembre, cuando los operativos del programa “Conduce sin Alcohol” se intensifican las 24 horas, incrementando la probabilidad de ser remitido al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”.
Cuando un conductor rebasa el límite permitido de alcohol (0.8 gramos por litro en sangre o 0.40 mg/l en aire espirado) se activa automáticamente la sanción establecida en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito capitalino. Las consecuencias inmediatas incluyen un arresto administrativo de 20 a 36 horas en “El Torito”, un descuento de 6 puntos en la licencia de conducir, una multa de 60 UMAs (equivalente a $6,788 pesos) y el retiro del vehículo al corralón.
Aunque la multa oficial ya representa un impacto económico importante, no es el gasto más alto. El verdadero costo está en el corralón. Uno de los aspectos que más encarece la sanción es el retiro y resguardo del vehículo, ya que no existe excepción: todo auto del conductor remitido es enviado al corralón.
Los costos vigentes por este concepto son: arrastre para vehículos de hasta 3.5 toneladas ($919 pesos), arrastre para vehículos de más de 3.5 toneladas ($1,833 pesos) y un almacenaje diario en el corralón de $95 pesos por día. Si el arresto ocurre en una fecha como la noche del 31 de diciembre, liberar el vehículo el 1 de enero suele ser complicado debido a horarios reducidos, lo que incrementa los días de estancia y, con ello, el monto final a pagar.
El proceso para recuperar el automóvil implica más trámites, más dinero y más tiempo perdido. No basta con pagar las multas y los cargos del corralón. El conductor debe cumplir con varios requisitos: haber concluido las hasta 36 horas de arresto, no tener multas de tránsito pendientes, tener las “fotocívicas” cumplidas y presentar documentación original que acredite la propiedad del vehículo. Cualquier pendiente administrativa impide la liberación del automóvil, lo que prolonga su estancia en el corralón y aumenta el costo final de manera significativa.
Así, la combinación de la multa base, los cargos obligatorios por grúa y corralón, y los posibles días extra de almacenaje, hacen que el costo total de la sanción por manejar bajo los efectos del alcohol supere, sin dificultad, la barrera de los diez mil pesos, constituyendo un severo perjuicio económico además de las consecuencias legales y administrativas.
