A 20 días de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha integrado la investigación en una única carpeta ni ha concluido los peritajes necesarios para que las aseguradoras procedan con el pago de indemnizaciones a las personas lesionadas y a las familias de las 31 víctimas mortales. El accidente, ocurrido el pasado 10 de septiembre, ha dejado un saldo de 13 personas que permanecen hospitalizadas y múltiples trámites legales y administrativos pendientes, según informaron familiares y abogados de los afectados.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tampoco ha enviado al Congreso local la iniciativa para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas, la cual incluiría a las pipas de gas. Esta demora significa que la regulación en la materia continúa siendo la misma que estaba vigente al momento de ocurrir el accidente y la posterior explosión. Lo anterior ocurre a pesar de que tanto la titular del ejecutivo local como la fiscal general, Bertha María Alcalde Luján, anunciaron que buscarían la reparación integral del daño por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos también mantiene en espera la entrega del nuevo protocolo de transportación de sustancias peligrosas por la Ciudad de México. Este documento, que se esperaba fuera difundido el lunes 22 de septiembre, definirá las rutas de circulación de los vehículos, sus horarios, límites de velocidad, la certificación de los conductores y la capacidad de carga de las unidades. La dependencia ofreció que lo publicaría una vez que el ejecutivo federal realizara ajustes a las leyes en la materia, pero hasta la fecha no se ha presentado el documento.
Respecto a las víctimas, la Secretaría de Salud informó que el total de personas fallecidas asciende a 31. En esta lista se encuentra Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa, quien murió la noche del martes 16 de septiembre en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”. Otras personas que fallecieron a consecuencia de las lesiones provocadas por la explosión fueron Alicia Matías, identificada como la “abuelita heroína” por proteger a su nieta de dos años del fuego, y el policía Ángel Soriano Buendía, quien trasladó en su motocicleta a la niña hasta un hospital para que recibiera atención médica.
Un avance del informe de la FGJCDMX sobre el accidente, dado a conocer el 15 de septiembre, asegura que la pipa de la empresa Silza circulaba a 50 kilómetros por hora en una vialidad cuyo límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad y finalmente volcara. El análisis de Arturo Martínez Castro, integrante de la Coordinación General de Servicios Periciales de la fiscalía, niega la presencia de un bache en la zona del accidente, que en un principio se mencionó como una posible causa del siniestro.
La fiscal Bertha María Alcalde Luján presentó el 17 de septiembre un avance de las investigaciones, detallando que la pipa se dirigía de Tuxpan, Veracruz, a una planta gasera en la alcaldía de Tláhuac. Al llegar al puente de La Concordia, el conductor perdió el control del vehículo, el cual se estrelló contra los muros de contención y volcó, provocando una rotura en el tanque. El escape del gas y una posterior chispa generaron el estallido, aunque la fiscal aclaró en ese momento que las investigaciones continuaban.
Familiares y abogados de los lesionados han denunciado que la falta de conclusión de los peritajes por parte de la FGJCDMX es la razón principal por la cual no ha comenzado el pago de las indemnizaciones por parte de las aseguradoras. Asimismo, señalan que existen carpetas de investigación en distintas agencias del Ministerio Público, por lo que solicitan que se integre una única carpeta que facilite la consulta y agilice los trámites para las víctimas.
La fiscal Bertha Luján explicó el 17 de septiembre que, con el propósito de dar asesoría jurídica a todos los afectados, se solicitó a la empresa Silza ser el enlace entre los involucrados. Este mecanismo busca garantizar que el pago sea justo, pero diferenciado, de acuerdo con los daños que cada persona sufrió y las secuelas de los mismos. “Hemos pedido a la empresa que el canal para la realización de pagos o apoyos a familiares, sea a través de la fiscalía. Porque es muy importante que las familias reciban asesoría jurídica, previo a que se realice algún pago y que tengan toda la información disponible, para poder tomar alguna decisión al respecto”, explicó la funcionaria.
El gobierno capitalino reportó que la explosión provocó en sus primeras horas la muerte de ocho personas y lesiones a otras 67, quienes fueron trasladadas a 10 hospitales, de los cuales 22 se encontraban en estado crítico. El saldo actualizado es de 31 fallecidos. El gobierno aportó un primer apoyo de emergencia de 20 mil pesos para quienes sobrevivieron al estallido y de 50 mil pesos para los deudos de quienes perdieron la vida, además de cubrir los gastos funerarios. La jefa de Gobierno también anunció la creación de un comité solidario para recibir donaciones, pero el proyecto fue pospuesto días después tras recibir críticas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo jueves presentará las reformas legales que regularán el transporte de sustancias peligrosas y explosivas, como consecuencia del accidente registrado recientemente con una pipa que transportaba gas cuya explosión provocó una treintena de muertos. Adelantó que acudirán los titulares de las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Durante su conferencia dijo que están respaldando al gobierno de la Ciudad de México en la atención a las víctimas del accidente pero mencionó que corresponde a las autoridades capitalinas, dar cauce a las demandas de los familiares de las víctimas.
