Ghislaine Maxwell, exnovia del financiero Jeffrey Epstein, se negó este lunes a responder preguntas de un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante una videollamada desde una prisión federal en Texas, donde cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual, al invocar su derecho constitucional a no incriminarse, y señaló que únicamente estaría dispuesta a testificar si el presidente Donald Trump le concede un indulto, bajo el argumento de que podría afirmar que ni Trump ni el expresidente Bill Clinton cometieron irregularidades durante su relación con Epstein.
La Comisión para la Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes había solicitado que Maxwell respondiera preguntas como parte de las investigaciones legislativas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, un financiero con amplias conexiones políticas y económicas que durante años abusó sexualmente de menores. La comparecencia se llevó a cabo mediante una videollamada a puerta cerrada desde el centro penitenciario en Texas donde Maxwell permanece recluida.
Durante la sesión, Maxwell invocó sus derechos de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para no responder a preguntas que pudieran incriminarla. Su negativa se produce en un momento en que los legisladores han intensificado los esfuerzos para esclarecer cómo Epstein logró operar durante años sin enfrentar consecuencias judiciales, pese a las denuncias de abuso sexual contra menores.
Maxwell se encuentra nuevamente bajo escrutinio público y legislativo, mientras los congresistas buscan identificar a personas que pudieron haber facilitado o encubierto los abusos cometidos por Epstein. Las investigaciones han generado repercusiones a nivel internacional y han alcanzado a figuras políticas de alto perfil.
Hasta ahora, las revelaciones han mostrado que tanto Donald Trump como Bill Clinton mantuvieron contacto y pasaron tiempo con Epstein durante las décadas de 1990 y 2000. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, ninguno de los dos expresidentes ha sido acusado de delitos de manera creíble en relación con el caso.
Durante la declaración a puerta cerrada del lunes, el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, informó a la comisión legislativa, mediante un comunicado, que “Maxwell está preparada para hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto”. En el mismo mensaje, el abogado agregó que tanto Trump como Clinton “son inocentes de cualquier delito”, pero que “sólo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.
Las declaraciones del abogado provocaron reacciones inmediatas entre legisladores de ambos partidos. Representantes demócratas señalaron que la solicitud de Maxwell constituye un intento explícito de obtener un indulto presidencial a cambio de su testimonio.
“Está muy claro que está haciendo campaña para obtener un indulto”, afirmó la representante demócrata Melanie Stansbury. En tanto, el representante demócrata Suhas Subramanyam calificó el comportamiento de Maxwell durante la breve videollamada como “robótico” y “sin arrepentimiento”.
Al ser consultada sobre la postura de Maxwell, la Casa Blanca remitió a declaraciones previas del presidente Trump, en las que indicó que un indulto para Maxwell no se encontraba entre sus consideraciones. Legisladores republicanos también rechazaron de manera inmediata la posibilidad de concederle el perdón presidencial.
“Nada de indultos. Cumpla con lo requerido o enfrente al castigo”, escribió en redes sociales la representante republicana Anna Paulina Luna. “Mereces que se haga justicia por lo que hiciste, monstruo”, añadió.
Maxwell ha buscado revertir su condena argumentando que el veredicto fue injusto. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su apelación el año pasado. No obstante, en diciembre, solicitó que un juez federal de Nueva York revise su caso con base en lo que sus abogados describen como “nuevas pruebas sustanciales” que demostrarían presuntas violaciones constitucionales durante su juicio.
El abogado de Maxwell mencionó esa solicitud ante los legisladores al explicar que su clienta continuaría invocando la Quinta Enmienda para no declarar. Paralelamente, familiares de Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein, difundieron una carta dirigida a Maxwell en la que rechazan la idea de que ella haya sido una simple espectadora de los abusos.
“Fuiste un actor central y deliberado en un sistema construido para encontrar a menores de edad, aislarlas, prepararlas y entregarlas para su abuso”, escribieron Sky y Amanda Roberts en la misiva.
Maxwell fue trasladada a mediados del año pasado de una prisión federal en Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas. El traslado ocurrió después de que sostuvo una serie de entrevistas, durante dos días, con el subsecretario de Justicia Todd Blanche.
El presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma, el representante republicano James Comer, calificó como “muy decepcionante” la negativa de Maxwell a participar en la declaración. Comer había citado previamente a Maxwell, pero sus abogados habían informado en repetidas ocasiones que no respondería a las preguntas del panel.
Pese a ello, Comer enfrentó presiones para llevar a cabo la videollamada, mientras impulsaba el cumplimiento de citaciones dirigidas al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Ambas partes acordaron comparecer este mes, luego de que Comer advirtiera sobre posibles cargos de desacato al Congreso.
El legislador también ha sostenido negociaciones con los Clinton sobre si sus testimonios deberán realizarse en audiencias públicas. No obstante, reiteró que insistirá en que las declaraciones se realicen a puerta cerrada y que posteriormente se publiquen las transcripciones y los videos correspondientes.
De manera paralela, varios legisladores acudieron este lunes a una oficina del Departamento de Justicia en Washington para revisar versiones sin censura de los archivos relacionados con Epstein, divulgados conforme a una ley aprobada por el Congreso el año pasado. Como parte del acuerdo, se permitió el acceso a más de tres millones de archivos en una sala de lectura equipada con cuatro computadoras.
Los legisladores únicamente pueden tomar notas a mano y no se les permite el acceso con asistentes. El representante demócrata Jamie Raskin, principal integrante demócrata de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pasó varias horas revisando documentos y señaló que, incluso dedicando jornadas completas, la revisión total podría tomar meses.
Los demócratas esperan una audiencia programada para el miércoles con la secretaria de Justicia Pam Bondi, a quien prevén cuestionar sobre la forma en que se publicaron los archivos. Señalan que el Departamento de Justicia no protegió adecuadamente la información personal de las víctimas y que, además, mantuvo censura en datos que debieron hacerse públicos.
“Una y otra vez les rogamos, por favor tengan cuidado, por favor sean más cuidadosos”, declaró Jennifer Freeman, abogada de las víctimas. “El daño ya está hecho. Parece hecho de manera incompetente, de manera intimidante y de manera intencional”.
El representante republicano Thomas Massie, impulsor de la iniciativa para liberar los archivos, aseguró que identificó los nombres de seis hombres “que probablemente están incriminados por su inclusión” en los documentos. Junto con el demócrata Ro Khanna, indicó que aún existen archivos con censura y señaló que esto podría deberse a que el FBI entregó versiones incompletas al Departamento de Justicia.
Khanna afirmó que “no sólo eran Epstein y Maxwell” quienes estaban involucrados en los abusos. La publicación de los archivos ha generado crisis políticas en otros países, incluido el Reino Unido, aunque legisladores demócratas lamentaron que en Estados Unidos las consecuencias políticas hayan sido limitadas hasta ahora.
