*El exgobernador logró nuevamente que se aplazara la audiencia por una supuesta enfermedad de sus abogados, pero el juez ordenó que le próximo jueves se lleve a cabo.
En una breve audiencia realizada el día de hoy la Fiscalía General de la República (FGR) informó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que pretende imputarle un cargo de peculado por un monto de cinco millones de pesos, ilícito que contempla una pena de hasta 14 años de prisión. De ser vinculado a proceso, esta acusación impediría que el exmandatario estatal recupere su libertad en abril próximo, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple.
Autoridades ministeriales confirmaron a Entorno MX que la información se dio a conocer durante una audiencia celebrada este lunes ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción buscó imputar a Duarte de Ochoa por el presunto desvío de subsidios federales que estaban destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en el estado de Veracruz, correspondientes al año 2012.
Durante la diligencia judicial, el exgobernador solicitó al juzgador el aplazamiento de la audiencia argumentando que sus abogados defensores, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, se encontraban internados en el Hospital ABC. Duarte aseguró que uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente por un tumor en el páncreas, mientras que el otro enfrenta una infección renal.
“No existe impedimento para que se difiera la audiencia como se hizo en dos ocasiones. Solicito que en esta ponderación se pueda privilegiar el derecho a la salud. Desde hace diez años me han venido representando Pablo Campuzano y Gerardo Cout Arteaga”.
“Yo creo que una defensa adecuada y derecho a la salud no puede estar por encima de esta audiencia”, dijo el ex gobernador.
Ante esta solicitud, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez que se llevara a cabo la diligencia y que se le asignara un defensor de oficio al exmandatario, al señalar que la audiencia ya había sido diferida en dos ocasiones previas. En una de ellas, explicó, el aplazamiento se debió a que uno de los abogados defensores se encontraba en un curso en el extranjero.
El representante del Ministerio Público también destacó que Jimena Paola Martínez se encuentra acreditada como representante legal de Javier Duarte de Ochoa, por lo que podía asumir su defensa; sin embargo, no se presentó a la audiencia.
“Consideramos que son tácticas dilatorias para no llevar a cabo la audiencia. Que se le asigne un defensor público”, demandó el fiscal.
Durante la sesión, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor consultó a Raúl Solorio Delgado, quien se presentó como asesor jurídico del exgobernador, sobre su postura ante la petición del Ministerio Público.
“Proceda conforme a derecho”. Respondió.
El juzgador recordó que la primera audiencia relacionada con este nuevo caso fue programada para el 27 de noviembre de 2025, fecha en la que Javier Duarte de Ochoa no compareció, ni tampoco su defensa legal. Asimismo, indicó que el mes pasado se recibió un escrito en el que se argumentó que el exgobernador padecía covid, hipertensión arterial y que uno de sus abogados se encontraba fuera del país.
“¿Qué veo de intentar diferir? Que sus acciones tienen tácticas dilatorias. No podemos seguir dilatando esta audiencia por más tiempo. Le nombro y asigno un defensor público”.
“… si no vienen para el jueves lo va a defender un defensor público para colaborar con su defensa”, sentenció el juez.
Como resultado de lo anterior, la diligencia fue reprogramada para el próximo jueves 12 de febrero, fecha en la que la FGR buscará formalizar la imputación en contra del exgobernador veracruzano por el presunto delito de peculado.
El pasado 21 de noviembre, una jueza federal rechazó conceder el beneficio de libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa, al determinar que no cumplía con dos de los siete requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El próximo 15 de abril, Javier Duarte cumplirá su sentencia de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador fue capturado en Guatemala el 15 de abril de 2017 y posteriormente extraditado a México para enfrentar los procesos penales en su contra.
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