La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, así como de dos funcionarios municipales, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, tras una audiencia celebrada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), derivada de investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro municipal; y Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública del mismo municipio, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en contra de los tres funcionarios. Durante la audiencia, la defensa de los hoy imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una fecha posterior cuando se determine su situación jurídica.

Además, la FGR informó que a Diego Rivera Navarro y a Juan Gabriel Toribio Villarreal también se les imputó su posible participación en el delito de secuestro agravado, derivado de hechos distintos a los relacionados con la delincuencia organizada.
Fuentes ministeriales detallaron que, en el pliego de consignación, se señala a los imputados como responsables de haber privado de la libertad, el 24 de marzo de 2021, en el restaurante La Posta, ubicado en el municipio de Tequila, a los entonces precandidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, con el objetivo de obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas.

Según consta en el expediente, los tres imputados habrían planeado el levantamiento de las víctimas con la finalidad de forzarlas a firmar su renuncia y, de esta manera, impulsar políticamente a Juan Gabriel Toribio Villarreal, quien, de acuerdo con la investigación, les garantizaría lealtad tanto a Diego Rivera Navarro como al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización con la que presuntamente mantenían una estrecha relación.
Una vez privadas de la libertad, las víctimas fueron obligadas a firmar su renuncia a la candidatura, hecho que fue testificado por un notario del estado de Jalisco, quien, de acuerdo con las investigaciones, trabajaba bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En cuanto al delito de secuestro agravado, la FGR precisó que únicamente fue imputado a Diego Rivera Navarro y a Juan Manuel Pérez Sosa, quienes presuntamente habrían ordenado el secuestro de un par de comerciantes del municipio de Tequila, luego de que estos se negaran a pagar una extorsión para continuar vendiendo sus productos.
Durante el desarrollo de la audiencia, Diego Rivera Navarro se reservó su derecho a declarar. Asimismo, su equipo de abogados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el martes entrante cuando se determine si el alcalde de Tequila y sus coacusados son vinculados a proceso penal.
La Fiscalía recordó que estas personas fueron detenidas en el estado de Jalisco como resultado de los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la FGR y autoridades estatales, en el marco de investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.
Finalmente, la FGR subrayó que a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.





