Alejandro Páez Varela, director general y conductor del medio SinEmbargo, adquirió un inmueble con valor de 25 millones de pesos junto con la apoderada legal de la Fundación Haghenbeck, en una operación inmobiliaria relacionada con una disputa legal por un predio en Cuajimalpa utilizado por el Refugio Franciscano para albergar animales, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación.
La operación inmobiliaria involucra a Verónica Blanco González, apoderada legal de la Fundación Haghenbeck, quien en marzo de 2022 constituyó junto con Páez Varela una empresa inmobiliaria denominada “Callejón de Xico”. Posteriormente, ambos escrituraron un edificio ubicado en el Callejón de Xicoténcatl, en el centro de la Ciudad de México, inmueble que fue objeto de una remodelación millonaria antes de ser destinado a la renta de departamentos.
De acuerdo con la información presentada por Fátima Monterroso y Dafne Mora para N+, este edificio forma parte de un conjunto de más de 200 inmuebles que Antonio Haghenbeck había establecido en su testamento para ser utilizados con fines filantrópicos. Dichos bienes estarían destinados, según el documento testamentario, a apoyar tareas de asistencia social, incluyendo asilos de ancianos y la protección de animales.
La Fundación Haghenbeck mantiene desde diciembre de 2025 una disputa legal por la posesión de un predio ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, el cual ha sido utilizado durante casi 50 años por el Refugio Franciscano para albergar cientos de perros y decenas de gatos. Este conflicto legal ha derivado en un proceso de desalojo que generó controversia entre las partes involucradas.
Fernando Pérez Correa, representante legal del Refugio Franciscano, aseguró a Latinus que el desalojo registrado en diciembre obedece a un desarrollo inmobiliario que se planea realizar en la zona. Según explicó, el predio fue vendido en 2020 a un fideicomiso perteneciente al Banco Ve por Más, aunque sostiene que dicha venta estaría prohibida conforme a lo establecido en el testamento de Antonio Haghenbeck, propietario original del terreno.
Pérez Correa afirmó que el predio ha cumplido durante décadas con el propósito definido en el testamento, al albergar un refugio para animales, documento al que Latinus tuvo acceso. En ese sentido, señaló que la permanencia del Refugio Franciscano en el lugar estaría respaldada legalmente por las disposiciones testamentarias del propietario finado.
Tras casi dos meses de litigio, el Refugio Franciscano logró reingresar a las instalaciones del predio luego de que se resolviera un amparo a su favor. Sin embargo, la Fundación Haghenbeck acusó que el ingreso se realizó sin autorización, lo que mantiene abierta la controversia jurídica sobre la posesión del inmueble.
En este contexto, una investigación de Televisa dio a conocer que el director y propietario del portal de noticias SinEmbargo, Alejandro Páez Varela, estaría involucrado en presuntos delitos de fraude inmobiliario, desvío de recursos y despojo. De acuerdo con el reportaje, Páez Varela habría invertido al menos 25 millones de pesos en un edificio propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, en presunta complicidad con la apoderada legal de la fundación.
El reportaje señala que Páez Varela y Blanco González habrían constituido en sociedad una empresa hotelera para administrar varios inmuebles bajo condiciones similares, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino de bienes que, según el testamento de Haghenbeck, debían destinarse a labores filantrópicas.
De acuerdo con la información difundida, este caso sería solo uno de los aproximadamente 200 inmuebles que, conforme al testamento del propietario, tendrían que servir para tareas de beneficencia. La presunta utilización de estos bienes con fines inmobiliarios y comerciales ha colocado el tema bajo el escrutinio público y mediático.
La disputa por el predio de Santa Fe y las operaciones inmobiliarias vinculadas a la Fundación Haghenbeck continúan siendo objeto de investigaciones periodísticas y procesos legales. Mientras tanto, el caso ha generado atención por la posible desviación del uso de inmuebles destinados originalmente a fines sociales, así como por la participación de figuras públicas en dichas operaciones.
