Estados Unidos puso fin este martes a un cierre parcial del gobierno federal de cuatro días, provocado por la oposición del Partido Demócrata al financiamiento de la agencia encargada de ejecutar la ofensiva migratoria, luego de que el Congreso aprobara un paquete presupuestal que fue promulgado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, tras intensas negociaciones políticas en Washington.
El cierre parcial del gobierno comenzó el sábado, cuando legisladores demócratas bloquearon la aprobación del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en desacuerdo con la forma en que la agencia ha implementado redadas migratorias. La paralización afectó a diversas operaciones federales no esenciales durante cuatro días.
La legislación que permitió reabrir el gobierno fue aprobada por un estrecho margen de 217 votos a favor y 214 en contra en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos. El proyecto llegó al escritorio del presidente Donald Trump tras una votación dividida, en la que 21 demócratas se sumaron a los republicanos para respaldar el paquete de financiamiento, mientras que un número igual de legisladores republicanos votó en contra.
El presidente Trump celebró la aprobación de la ley durante la ceremonia de promulgación en la Casa Blanca, donde calificó el resultado como una “gran victoria para el pueblo estadounidense”.
“Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que en realidad recorta el gasto federal derrochador al tiempo que apoya programas esenciales para la seguridad, la protección y la prosperidad del pueblo estadounidense”, enfatizó Trump al firmar la legislación el martes.
La disputa presupuestaria se centró en el financiamiento del DHS, organismo clave en la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump. Los demócratas se negaron a respaldar el paquete sin modificaciones, al exigir cambios en la manera en que se llevan a cabo las redadas de inmigración, las cuales —según han denunciado— involucran agentes federales “fuertemente armados, enmascarados y no identificados” que realizan detenciones sin órdenes judiciales.
Las negociaciones se complicaron aún más tras la muerte, el mes pasado, de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis, Minnesota, ciudad que se ha convertido en el punto más visible de la ofensiva migratoria del actual gobierno. Las víctimas fueron identificadas como Renee Good, madre de tres hijos, y Alex Pretti, enfermero que trabajaba con veteranos militares.
Ante la presión política y la indignación nacional generada por estos hechos, se produjeron algunas concesiones. El lunes previo a la promulgación del paquete presupuestal, la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció cambios inmediatos en los protocolos operativos de los agentes federales en Mineápolis.
Kristi Noem informó que los agentes federales en esa ciudad portarán cámaras corporales “con efecto inmediato”, medida que, de acuerdo con la funcionaria, “se ampliará a nivel nacional”.
Antes de la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes, el Senado había dado luz verde el viernes a un paquete de financiamiento que garantiza recursos para la mayoría de las agencias federales hasta el mes de septiembre. En paralelo, se aprobó una medida provisional de dos semanas para mantener en funcionamiento el DHS, mientras continúan las negociaciones para definir su financiamiento anual y la aplicación de las leyes migratorias.
El presidente Trump, bajo cuyo mandato ocurrió un cierre gubernamental récord de 43 días el año pasado, había presionado públicamente a los legisladores republicanos para que respaldaran el proyecto de gasto y pusieran fin a la parálisis presupuestaria.
Con la reapertura del gobierno, el Congreso enfrenta ahora un nuevo plazo limitado. Los legisladores cuentan con solo dos semanas para negociar y aprobar un proyecto de financiamiento del DHS que cubra el resto del año fiscal. Tanto demócratas como republicanos reconocen que las conversaciones serán complejas, ya que persisten profundas diferencias sobre la política migratoria.
Mientras los demócratas insisten en establecer nuevas salvaguardias para la aplicación de las leyes de inmigración, los sectores conservadores buscan impulsar sus propias prioridades políticas dentro del presupuesto.
Los cierres gubernamentales, como el que concluyó este martes, implican la suspensión temporal de recursos para operaciones federales no esenciales, lo que obliga a las agencias a detener servicios, colocar a trabajadores en licencia sin goce de sueldo o requerirles que continúen laborando sin recibir pago durante el periodo de parálisis.
