Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán los nuevos vehículos adquiridos por el máximo tribunal para sus traslados, los cuales tuvieron un costo millonario, y solicitaron iniciar el proceso para su devolución o asignación a personas juzgadoras con mayores riesgos, tras críticas públicas por la compra y en el contexto de una renovación de la flotilla vehicular anunciada días antes.
A través de redes sociales, el máximo tribunal informó que pedirá que se inicie el procedimiento correspondiente para devolver las unidades o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
En el mismo pronunciamiento, las y los integrantes de la Suprema Corte expresaron su postura respecto al uso de recursos públicos y su labor institucional. “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, declararon.
El organismo judicial adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa el día de mañana en las instalaciones del Máximo Tribunal, con el objetivo de brindar mayor información sobre la decisión relacionada con los vehículos adquiridos.
La postura de los ministros se da días después de que la Suprema Corte informara que renovó la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros. El pasado jueves, el Alto Tribunal dio a conocer la adquisición de nueve nuevas unidades con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección para la integridad de las y los togados.
De acuerdo con funcionarios del alto tribunal, las unidades adquiridas corresponden a camionetas Jeep Cherokee, cuyo valor en el mercado oscila entre 800 mil y un millón 700 mil pesos, sin considerar el costo adicional del blindaje. Se indicó que este rango de precios no contempla las modificaciones realizadas para reforzar la seguridad de los ocupantes.
Cabe mencionar que, en el mercado, este tipo de vehículos tiene un valor estimado entre 800 mil y un millón 700 mil pesos, sin incluir el blindaje, lo que fue señalado en el contexto de las críticas surgidas por la compra de las unidades.
En un comunicado previo, la Suprema Corte explicó que la decisión de renovar la flotilla vehicular se tomó con base en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, quienes determinaron que los vehículos anteriormente en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.
Según el Alto Tribunal, la continuidad de las unidades anteriores comprometía su operación institucional debido a la falta de condiciones suficientes para garantizar la protección de ministras y ministros durante sus traslados.
“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, apuntó el tribunal en su posicionamiento oficial.
