Estados Unidos informó que asumió la custodia de 37 fugitivos expulsados por México, quienes ahora enfrentarán procesos judiciales en territorio estadounidense por una amplia gama de delitos federales. Entre los cargos se incluyen narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y diversos delitos de tráfico de drogas, como conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.
El gobierno estadounidense confirmó que estos líderes criminales fueron expulsados por México y destacó el liderazgo del presidente Donald Trump en el combate contra los cárteles mexicanos. “Para destruir los cárteles. Estos 37 miembros de los cárteles, incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de las Organizaciones Terroristas Extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”.
De acuerdo con las autoridades, entre los fugitivos puestos bajo custodia se encuentran traficantes de personas, traficantes de armas violentos y presuntos integrantes de cárteles de la droga considerados peligrosos. La lista incluye a organizaciones designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas) y el Cártel del Golfo (CDG), así como otras organizaciones narcotraficantes, entre ellas La Línea y la antigua Organización Beltrán Leyva.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, afirmó que la institución continuará persiguiendo a criminales peligrosos. “El FBI ha demostrado que exigiremos responsabilidades a los criminales peligrosos por sus atroces actos violentos, sin importar dónde intenten esconderse”, declaró. “El anuncio de hoy sobre la expulsión de docenas de fugitivos de México para enfrentar cargos es un ejemplo más del trabajo incansable y las alianzas del FBI aquí en Estados Unidos y en México. Seguiremos trabajando para detener a estos cárteles de la droga, traficantes de armas y terroristas que traen crimen, drogas y armas de fuego a las calles y vecindarios de nuestras ciudades”.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que la expulsión de los 37 fugitivos tiene una relevancia significativa para la seguridad pública. Según se informó, los individuos trasladados desde México están acusados de delitos que han contribuido a la propagación de la violencia, han amenazado la seguridad pública y han afectado a numerosas familias. Entre ellos hay personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Así lo indicó el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien también agradeció el apoyo del Gobierno de México.
El director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), Gadyaces S. Serralta, señaló que la cooperación refuerza el compromiso con la justicia. “Un liderazgo como el del presidente Trump y la fiscal general Bondi, trabajando diligentemente para traer a todos estos criminales buscados de regreso a Estados Unidos, refuerza su compromiso de obtener justicia para sus víctimas”, declaró. “Esto envía un mensaje muy claro: la justicia no se detiene en las fronteras”.
Por su parte, el subdirector de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Rob Cekada, destacó el papel de su agencia en el combate a la delincuencia violenta. “La ATF está en la primera línea de la lucha contra la delincuencia violenta”, declaró. “Nuestros agentes están persiguiendo a pandillas, cárteles y organizaciones transnacionales que trafican armas de fuego ilegales y convierten nuestras calles en zonas de guerra”.
La expulsión registrada ayer representa la tercera ocasión en que México utiliza su Ley de Seguridad Nacional para expulsar fugitivos a Estados Unidos y constituye la mayor expulsión de este tipo hasta ahora. La primera se llevó a cabo el 27 de febrero de 2025 e involucró a 29 fugitivos, mientras que la segunda ocurrió el 12 de agosto de 2025 con 26 personas trasladadas.
Aunque Estados Unidos proporcionó la lista completa de los 37 delincuentes expulsados, las autoridades destacaron públicamente a varios de ellos por la gravedad de los cargos que enfrentan.
Entre los casos señalados se encuentra el de María del Rosario Navarro-Sánchez, quien es la primera ciudadana mexicana acusada de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por su participación en el CJNG. De acuerdo con la acusación, Navarro-Sánchez suministró granadas al cártel y participó en tráfico de personas, armas de fuego, contrabando de grandes cantidades de dinero y narcotráfico. El CJNG, según las autoridades, controla una parte significativa del narcotráfico y participa en lavado de dinero, soborno, extorsión de migrantes y otras actividades delictivas, incluidos actos de violencia e intimidación.
También fueron mencionados Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y Eliomar Segura Torres, presuntos miembros de organizaciones de lavado de dinero con sede en México. Estas estructuras recaudaban grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos y transferían los fondos a México mediante criptomonedas. Las organizaciones ayudaban a blanquear recursos para cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, recibiendo una comisión por cada operación de lavado.
Otro de los fugitivos destacados es Heriberto Hernández Rodríguez, acusado de haber sido miembro del Cártel del Noreste. Según las autoridades, habría sido responsable de narcotráfico, secuestros y asesinatos, además de proporcionar armas al cártel. Entre 2006 y su arresto en noviembre de 2022, presuntamente lideró a cientos de sicarios, ordenó múltiples homicidios y supervisó la seguridad de casas de seguridad utilizadas para el transporte de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
En la lista también figura Pedro Inzunza Noriega, conocido como Sagitario. En mayo de 2025, él y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron los primeros líderes del Cártel de Sinaloa en ser acusados de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, además de narcotráfico y lavado de dinero. La Organización Beltrán Leyva, facción del Cártel de Sinaloa, es señalada como una de las redes de producción de fentanilo más grandes del mundo. Las autoridades informaron que el 3 de diciembre de 2024 se decomisaron 1,500 kilogramos de fentanilo en Sinaloa, la mayor incautación conocida a nivel mundial. El hijo de Inzunza Noriega fue asesinado el 30 de noviembre de 2025 durante un operativo en México, y Sagitario fue capturado el 31 de diciembre de 2025 por el ejército mexicano.
Juan Pablo Bastidas Erenas, conocido como Payo, es otro de los expulsados. Es identificado como teniente de alto rango de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa y colaborador cercano de Oscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”. Según las autoridades, Bastidas operó durante más de dos décadas importando y distribuyendo grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de participar en lavado de dinero, tráfico de armas y diversos actos violentos. Fue capturado el 28 de mayo de 2025 por el ejército mexicano.
La lista incluye además a Juan Carlos Alonso Reyes, líder de “The Office”, una organización criminal transnacional que operaba en Tijuana con puntos de venta de drogas que funcionaban de manera permanente. Las autoridades señalaron que la Procuraduría General de la República cerró la última ubicación de esta organización el 23 de enero de 2024.
Julio César Mancera Dozal, líder de una organización de narcotráfico del Cártel de Sinaloa con base en Tijuana, también fue mencionado. Su estructura importaba y distribuía grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos mediante vehículos con compartimentos sofisticados, con destino a diversas zonas de California.
Asimismo, figura Juan Pedro Saldívar Farías, conocido como “Z-27”, acusado en el Distrito Sur de Texas por participar en una organización delictiva continua y delitos de narcotráfico. Se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua. Las autoridades detallaron su papel como comandante regional de los Zetas y jefe de plaza en la zona de Falcon Lake.
Otro de los casos destacados es el de Ricardo Cortez-Mateos, alias “Billeton”, exmiembro de alto rango del Cártel del Golfo, acusado de importar grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo y cocaína. Fue imputado en 2021 y enfrenta una posible condena de hasta cadena perpetua.
La Fiscal General Pamela Bondi agradeció la labor de las agencias federales involucradas, entre ellas la DEA, el FBI, la ATF, el USMS y la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE. También reconoció el trabajo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y de diversas fiscalías federales que participan en el procesamiento de los casos derivados de esta expulsión.
