El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá cubrir esta semana el pago de los impuestos que adeuda, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió los requerimientos correspondientes el 9 de enero y la notificación fue recibida por la empresa el viernes pasado, informó este lunes Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Martínez Dagnino explicó que, conforme al Código Fiscal de la Federación, el plazo para cumplir inicia a partir de que la notificación surte efectos. “Y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana”, declaró el funcionario.
El adeudo señalado asciende a 51 mil millones de pesos (mdp). De acuerdo con lo expuesto, los requerimientos de pago fueron enviados el 9 de enero y notificados formalmente el jueves pasado, por lo que el cómputo del plazo comenzó el viernes.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y expresó: “Esperamos que pague”, al tiempo que evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que no se realice el pago. Indicó además que, si para el cierre del viernes 23 de enero no se cubre el monto correspondiente, el máximo descuento previsto en la ley dejará de aplicar.
La mandataria recordó que el SAT ya notificó a las empresas de Grupo Salinas y rechazó que exista una persecución política contra el empresario, como éste lo ha señalado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese contexto, explicó que las compañías cuentan con un lapso para liquidar la deuda y pueden acceder a un descuento de hasta 39 por ciento, además de la opción de realizar el pago en parcialidades, como fue detallado el 19 de diciembre por el titular del SAT.
“No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa”, afirmó Sheinbaum.
La semana pasada, Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, viajó a Washington D.C., donde se reunió con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En ese encuentro presentó una denuncia formal contra el Estado mexicano, al señalar la existencia de “un acoso sistemático por parte del gobierno: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.
Según el propio empresario, el tema no se limita a su situación personal. “Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión. En México se está intentando imponer el miedo como método de control”.
Salinas Pliego ha manifestado que se considera un perseguido político luego de que, el 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó sus solicitudes de amparo para no pagar los 51 mil millones de pesos correspondientes a siete créditos fiscales que litigaba desde 2008. Esta resolución implica que el adeudo debe ser cubierto a partir de la notificación realizada por el SAT.
Además de este monto, existen otros adeudos en proceso de resolución que, sumados a los ya perdidos, superan los 74 mil millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por el gobierno en junio.
En un antecedente relevante, el 19 de noviembre pasado la SCJN determinó que el dueño de Elektra debía pagar 67 millones de pesos correspondientes a una deuda de Nueva Elektra del Milenio, que data de 2012, y que se añade a los más de 48 mil millones de pesos que adeuda al SAT. Las cifras no consideran los posibles descuentos previstos en la legislación.
La resolución derivó de un amparo directo en revisión promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que había eximido a Nueva Elektra del Milenio del pago de esos 67 millones de pesos.
El caso se originó por una multa impuesta a la empresa por declarar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida durante el ejercicio 2012, al omitir ingresos acumulables relacionados con inventario acumulable. El monto determinado fue de 67 millones 165 mil 827 pesos, confirmado por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Tras la resolución judicial, la empresa tramitó un amparo directo en el que argumentó que Grupo Elektra era una sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en 2012, las únicas obligadas al pago eran las sociedades controladoras. No obstante, la Corte resolvió en contra.
Sobre el procedimiento posterior al fallo de la SCJN, la presidenta Sheinbaum señaló en noviembre: “Primero pues se notifica, si paga, ahí se resuelve el asunto; si no paga, tiene que venir una serie de procedimientos que son parte y de un procedimiento jurídico que tiene que cumplirse”.
Añadió que diversas autoridades respaldaron de manera reiterada la postura del SAT. “Es importante decir que fueron varios proceso, en algunos casos fueron 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros. Y la Corte los dejo congelados y no quería decidir. No es ni siquiera que decidiera en contra o a favor, no quería decidir. Llegan a la corte, los admite y después los congela, no resuelve, los deja dentro de un cajón y finalmente hoy la Corte resuelve”, explicó.
Finalmente, subrayó que, en caso de que el empresario decida no pagar, el proceso legal será prolongado. “Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres o cuatro días, o de semanas. Es un procedimiento que lleva tiempo, si es que decide no pagar. Si decide no pagar, entonces viene un procedimiento largo, pero es es justicia así de sencillo”, puntualizó.
