La explosión registrada en Coahuayana, Michoacán, fue provocada mediante un artefacto accionado a larga distancia, de acuerdo con lo confirmado por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, quien también informó que los rostros de los participantes en el atentado ya fueron ubicados por las autoridades. El funcionario señaló que el ataque es atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación y que, hasta el momento, no existe una investigación en contra de los policías comunitarios de la zona.
Los hechos ocurrieron el sábado 6 de diciembre, cuando se reportó la detonación de una camioneta frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. En un primer momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó cinco personas fallecidas; sin embargo, días después la cifra oficial se actualizó a seis víctimas mortales como consecuencia del ataque.
Desde las primeras horas posteriores a la explosión, habitantes de la región atribuyeron el atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación, debido a la constante disputa entre organizaciones criminales que se registra en esa zona de Michoacán. De acuerdo con los antecedentes señalados, la guardia comunitaria de Osutla ya había sido atacada previamente por este mismo grupo criminal, y durante 2024 fue agredida durante un lapso de 10 horas por integrantes de esa organización.
En relación con los hechos, el fiscal confirmó que el vehículo que originó la explosión provenía del estado de Colima. Sobre este punto, la autoridad precisó que “Venía de Colima, auto que originó explosión afuera de comisaría en Coahuayana, Michoacán”. La detonación ocurrió alrededor de las 11:40 horas del 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria y del Palacio Municipal, ubicadas sobre la calle Ignacio López Rayón, en la colonia Centro.
La magnitud de la explosión provocó daños considerables en inmuebles cercanos, así como en vehículos, viviendas, negocios e incluso en el Hospital Comunitario de la localidad. El balance oficial detalló que dos de las personas fallecidas fueron halladas en el interior de la camioneta que estalló, mientras que otras tres, integrantes de la Policía Comunitaria, murieron mientras recibían atención médica. Entre las personas heridas se identificó a Óscar Antonio T. J., Jordan O. G., Isidro V. C., Mario Filiberto D. Á., Alexa G. L. y Manuel G. C.
En un operativo coordinado posterior al atentado, fuerzas federales detuvieron a seis personas presuntamente vinculadas con la explosión del automóvil. Las detenciones se realizaron en el estado de Colima y están relacionadas, de manera inicial, con la portación de armas y ataques a fuerzas de seguridad, mientras se investiga su posible vínculo directo con los hechos ocurridos en Coahuayana.
El procedimiento fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y permitió también el desmantelamiento de un campamento criminal en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán, en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán. En la acción participaron elementos de la Comandancia de la V Región Militar y de la 20a Zona Militar, con apoyo de autoridades estatales de Seguridad y Justicia, así como de la Guardia Nacional.
Durante el operativo se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios. Tanto las personas detenidas como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.
La Fiscalía estatal informó que actualmente se investiga si las personas detenidas tienen relación directa con la explosión registrada en Coahuayana o si están vinculadas con otros delitos cometidos en la región. Las indagatorias continúan para determinar la responsabilidad de los implicados y el alcance de las actividades del campamento criminal desmantelado.
Un día después de la explosión, la Fiscalía General de la República dio a conocer que inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. En el lugar del atentado fueron desplegados 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, ambos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal.
Las autoridades señalaron que el operativo militar forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y, de manera específica, de las acciones coordinadas del Plan Michoacán, anunciado en semanas recientes por el gobierno de México. En este esquema participan también el gobierno del estado de Colima y las autoridades integradas en la Mesa de Coordinación Estatal.
Las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer completamente los hechos, determinar el tipo de actividades que se realizaban en el campamento criminal localizado en Chamila y establecer los vínculos exactos de los detenidos con el atentado ocurrido frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana.
