La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, presidida por el Magistrado Rufino H León Tovar, decretó como medida cautelar la suspensión temporal de una Jueza federal adscrita al Estado de México, con residencia en Toluca.
La decisión, tomada la semana pasada, se adoptó a petición del titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. La medida surge tras una investigación iniciada por denuncias sobre presuntas faltas administrativas cometidas por la funcionaria judicial, las cuales habrían perjudicado la correcta administración de justicia en procesos de extradición mediante determinaciones en juicios de amparo. La jueza está siendo investigada por entorpecer la extradición de Florian Tudor, “El Tiburón”, líder de la mafia rumana en la Riviera Maya.
La investigación se originó a partir de una queja presentada por el área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal. Dicha queja denunciaba conductas presumiblemente constitutivas de faltas administrativas, concretamente a través de determinaciones decretadas en juicios de amparo que, según la autoridad denunciante, entorpecían procesos de extradición de forma indebida y otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso.
La suspensión de la jueza fue decretada de manera unánime durante una sesión privada realizada el jueves pasado, como una acción cautelar mientras se concluye la investigación y, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
Uno de los casos específicos señalados por la autoridad denunciante corresponde a un juicio de amparo promovido en contra de la orden de extradición de Florian Tudor, un ciudadano de nacionalidad rumana. De acuerdo con los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión en este tipo de casos solo debió otorgarse respecto de la orden de extradición y en la medida estrictamente necesaria, sin ampliar los beneficios al quejoso. Sin embargo, se presume como irregular que la juzgadora tomara la determinación de establecer el centro de reclusión en que debía permanecer el quejoso, una atribución que legalmente corresponde a las autoridades penitenciarias.
Esta interferencia, según la denuncia, afectó la operatividad del sistema penitenciario federal. De acuerdo con los artículos 14 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde en exclusiva a las autoridades penitenciarias adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, el orden y la gobernabilidad de los centros penitenciarios federales. Estas obligaciones son de cumplimiento ineludible y, según se sostuvo en la queja, no pueden quedar supeditadas o neutralizadas por los efectos de una medida suspensiva de naturaleza procesal como la concedida en el amparo.
El Magistrado Rufino H León Tovar, Presidente de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, se refirió al caso sosteniendo que no se permitirán actos de ningún juzgador, sin importar su nivel o jerarquía, cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de derecho. La suspensión temporal de la jueza federal del Estado de México representa una acción administrativa del Poder Judicial para investigar a fondo las presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, particularmente en el delicado ámbito de los procesos de extradición y la aplicación de la Ley de Amparo. El caso permanecerá bajo investigación hasta que se determine la existencia o no de responsabilidad disciplinaria por parte de la funcionaria judicial suspendida.
