El Senado estadounidense dio un paso decisivo para terminar el cierre gubernamental más largo registrado en el país. Tras semanas de negociaciones, los legisladores demócratas y republicanos alcanzaron un compromiso presupuestario que fue aprobado con 60 votos a favor y 40 en contra.
El proyecto de ley será remitido ahora a la Cámara de Representantes, que se espera sesione el miércoles, debido a que el martes es feriado nacional. De ser aprobado, el texto pasará a manos del presidente Donald Trump, quien deberá firmarlo para su entrada en vigor.
El cierre comenzó el 1 de octubre, cuando más de un millón de empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin recibir salario por la falta de acuerdo presupuestario. En las últimas semanas, la cancelación de miles de vuelos y el impacto en los servicios públicos aumentaron la presión política sobre el Congreso para resolver la crisis.
El presidente Donald Trump celebró el lunes el avance del acuerdo antes de la votación en el Senado. “Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, declaró a los periodistas desde la Oficina Oval. El mandatario calificó el acuerdo como “muy bueno” y aseguró que cumplirá los términos del pacto, que incluyen la reincorporación inmediata de los trabajadores federales afectados por el cierre.
Trump destacó que el acuerdo representa una “solución responsable” que permitirá restablecer los servicios públicos esenciales y reactivar la economía, afectada por más de un mes de paralización parcial del gobierno federal.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó que el país está cerca de “dejar atrás una larga pesadilla nacional”. “Estamos agradecidos por ello”, afirmó el legislador republicano, al referirse al impacto social y económico del cierre prolongado.
El principal punto de fricción durante las negociaciones fue la exigencia de los demócratas para mantener los subsidios del seguro médico conocidos como Obamacare, los cuales expiran al final del año.
Los republicanos se negaron a incluir ese tema en el paquete presupuestario y propusieron discutirlo posteriormente. Sin la renovación de estos apoyos, millones de estadounidenses enfrentarían aumentos significativos en sus primas médicas a partir del próximo año.
El acuerdo aprobado contempla la extensión temporal del presupuesto hasta enero, la readmisión de funcionarios despedidos y la financiación de programas sociales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen más de 42 millones de personas de bajos ingresos para la compra de alimentos.
Aunque el acuerdo fue aprobado con respaldo bipartidista, dentro del Partido Demócrata surgieron críticas por las concesiones realizadas.
La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho legisladoras demócratas que votó a favor del pacto, defendió su decisión afirmando que el Senado “dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses”.
Shaheen sostuvo que el acuerdo permitirá convocar más adelante una votación específica sobre las ayudas de salud, con el fin de garantizar la continuidad del programa.
Sin embargo, varios líderes demócratas expresaron su inconformidad. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el acuerdo como “patético” en una publicación en la red social X.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reconoció que el pacto “no aborda la crisis sanitaria” que enfrenta el país y aseguró que “esta lucha continuará y debe continuar”.
Algunos miembros del partido criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en su bancada durante la votación, lo que evidenció divisiones internas respecto a las estrategias para defender los subsidios médicos.
De aprobarse el proyecto en la Cámara de Representantes, el gobierno federal podría reanudar operaciones en los próximos días, poniendo fin al cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos.
El acuerdo garantizaría el pago de los salarios atrasados de los empleados públicos y la reactivación de agencias federales, incluidas las de transporte, seguridad y asistencia social.
A su vez, el compromiso temporal permitirá a los legisladores continuar las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo y abordar temas pendientes como los subsidios de salud, la infraestructura y la seguridad fronteriza.
