“En Palacio Nacional dicen que la popularidad de la presidenta supera el 70 por ciento. Que no hay duda, que la gente está contenta, que la continuidad está asegurada. Y sin embargo, el oficialismo promueve adelantar la revocación de mandato para 2027, un año antes de lo previsto”.
Por: Enrique Hernández Alcázar
¿Por qué un gobierno que presume fortaleza busca una ratificación adelantada? Porque el poder no solo se conserva con encuestas, sino con control político. La idea es hacer coincidir el ejercicio con la elección intermedia federal. Es decir, una consulta “ciudadana” que en realidad podría funcionar como un plebiscito electoral en favor de Morena. Una boleta para votar por la permanencia de la presidenta y, de paso, por los candidatos de su partido. Campaña doble, gasto doble, manipulación doble.
No se trata, como se pretende vender, de “ahorrar recursos” ni de “fortalecer la democracia participativa”. Se trata de alinear los tiempos políticos para asegurar la narrativa de la continuidad. Si la revocación se convierte en refrendo, la presidenta no solo estaría a salvo de la crítica: también blindaría a su partido con una avalancha de votos emotivos.
La historia reciente nos enseña que los ejercicios de revocación pueden transformarse en espectáculos de legitimación. Ocurrió con López Obrador en 2022: más propaganda que participación, más aparato que ciudadanía. Y aunque el resultado fue abrumadoramente favorable, apenas votó una fracción del padrón. No fue una revocación: fue una encuesta con boletas.
¿Y ahora? La estrategia es más fina. La consulta en 2027 no buscaría revocar nada, sino reavivar el fervor del movimiento cuando el desgaste natural del poder empiece a hacer mella. Un nuevo “símbolo de respaldo popular” para frenar la caída, apuntalar las gubernaturas y mantener la maquinaria aceitada rumbo a 2030.
El dilema es simple: si la presidenta tiene la legitimidad que presume, no necesita revalidarla a mitad del sexenio. Las democracias maduras no se sostienen con aplausos periódicos, sino con contrapesos y rendición de cuentas.
Acelerar la revocación es convertir la democracia participativa en democracia plebiscitaria, donde el voto se usa no para evaluar al poder, sino para adorarlo. Y eso, en un país con instituciones debilitadas y una oposición sin brújula, puede ser el paso más sutil —y más peligroso— hacia un sistema donde todo se vota… para que nada cambie.
La pregunta no es si la presidenta debe someterse a la revocación, sino para qué. Si es para fortalecer la democracia, que se haga conforme a la ley y al calendario. Pero si es para refrendar el poder disfrazado de participación, entonces no estamos ante un acto de confianza, sino ante una coreografía de control.
