Más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a salud, educación, seguridad, obras, asistencia social y desastres naturales fueron malversados en el estado de Veracruz durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este monto representa el mayor caso de manejo irregular de recursos públicos del que se tenga registro en el país.
El periodo en el que se detectaron las irregularidades corresponde a los ejercicios de 2011 a 2016, cuando Duarte encabezó el gobierno estatal. Según la ASF, el monto supera ampliamente los observados en otros casos emblemáticos como Segalmex o la Estafa Maestra, e incluso duplica los malos manejos detectados de forma combinada en esos y otros casos como Odebrecht, Conade y Conacyt, que suman entre 25 y 30 mil millones de pesos.
A pesar de que la ASF presentó 71 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos, a casi una década del término de dicho gobierno no existen sentencias firmes ni reparación del daño a las finanzas públicas, reveló una nota publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio.
El único funcionario encarcelado hasta la fecha es el propio Javier Duarte, aunque no por estos desvíos, sino por un proceso distinto relacionado con lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasma. Duarte se declaró culpable sin ir a juicio en 2018, y podría obtener libertad anticipada en los próximos días, luego de cumplir la mayor parte de su condena de nueve años, que concluye en abril de 2026.
Testimonios y confesiones clave
En 2018, el ex tesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, confesó ante la FGR que fue Javier Duarte quien estableció la política de desvíos de recursos públicos federales señalada por la ASF. De acuerdo con su testimonio, el esquema se implementó para cubrir deudas estatales, pero también para fines personales del exmandatario.
Abdalá detalló que los fondos eran transferidos irregularmente de las cuentas autorizadas a otras cuentas estatales, desde donde se retiraban o redirigían para otros fines no comprobados. En total, la ASF identificó 326 desvíos de este tipo en las cuentas públicas revisadas.
El exfuncionario señaló que Duarte diseñó y ordenó el mecanismo mediante un decreto publicado en su primer año de gobierno, que permitió disponer de los recursos federales bajo el argumento de necesidades de gasto urgente. Sin embargo, los fondos terminaron usados para gastos personales del gobernador y de su círculo cercano.
“Desde 2008 este método nunca se dejó de utilizar y fue instituido por el señor Javier Duarte de Ochoa (…) el esquema se usó para manejar las finanzas del Estado y se prestó para desviar dinero”, declaró Abdalá ante la FGR.
En su testimonio, el ex tesorero detalló que en múltiples ocasiones Duarte ordenó transferencias directas para cubrir pagos personales, como cenas o trajes, además de transferencias en efectivo que se entregaban a funcionarios o personas externas. “Los recursos federales se convirtieron prácticamente en la caja chica del exmandatario”, señaló.
Denuncias y procesos sin sentencia
La ASF presentó 71 denuncias de hechos ante la FGR por el presunto desvío, una cifra récord para cualquier administración estatal o caso de corrupción registrado. En al menos una decena de denuncias se acreditó la llamada “simulación de reintegros”, un mecanismo mediante el cual funcionarios estatales aparentaban devolver los recursos a las cuentas oficiales para solventar las observaciones, pero posteriormente los retiraban nuevamente.
Los dictámenes técnicos de la ASF identificaron a Antonio Tarek Abdalá como principal responsable operativo y legal de la malversación. Sin embargo, en 2018 el ex tesorero obtuvo dos criterios de oportunidad, con los que evitó procesos judiciales y la obligación de reparar el daño, a cambio de colaborar y aportar información sobre el caso.
A pesar de sus declaraciones, la FGR no ha acusado formalmente a Javier Duarte por estos desvíos. Las más de 50 carpetas de investigación derivadas de las denuncias de la ASF permanecen fragmentadas en tres áreas distintas de la fiscalía: la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC) y la Fiscalía Especializada en Control Competencial.
Hasta ahora, la FGR ha judicializado al menos 10 de estas carpetas, pero de forma separada, principalmente contra exsecretarios y exsubsecretarios de Finanzas. Algunos enfrentan múltiples procesos debido a que cada denuncia fue tramitada como si se tratara de hechos distintos.
Uno de esos casos es el del exsubsecretario de Finanzas Gabriel Deantes, quien recibió una sentencia aún no firme, actualmente bajo apelación.
El caso sigue sin resolverse
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, el gobierno de Veracruz mantiene observaciones sin solventar por 62 mil 162 millones de pesos, correspondientes a fondos federales destinados a programas de desarrollo social, educación, infraestructura y atención a emergencias.
La ASF concluyó que los recursos no serían devueltos, tras reuniones con funcionarios de la administración duartista, motivo por el cual presentó las denuncias formales ante la FGR.
En su momento, la fiscalía también integró una indagatoria en contra de Duarte y su esposa, Karime Macías, por posibles delitos fiscales, lo que derivó en una orden de aprehensión aún sin ejecutar.
A casi diez años del fin de la administración de Javier Duarte, no existen responsables sentenciados por el desvío histórico de recursos federales, considerado el más grande en la historia reciente del país. Las investigaciones siguen abiertas y las observaciones continúan sin solventarse, mientras los recursos públicos desviados no han sido recuperados.
