En menos de dos meses, la administración del presidente Donald Trump ha abatido al menos a 61 personas en 14 contra embarcaciones que, según el gobierno, transportaban drogas en el mar Caribe y el oriente del océano Pacífico. Las operaciones comenzaron a inicios de septiembre y, de acuerdo con la administración, buscan frenar el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense. El presidente argumenta que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles, invocando la misma autoridad legal que se utilizó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para declarar la guerra al terrorismo.
Los ataques, sin embargo, han provocado un amplio debate en el Congreso de Estados Unidos sobre los límites del poder presidencial y la legalidad del uso de la fuerza militar sin aprobación legislativa. Las ofensivas fueron ejecutadas sin una declaración formal de guerra ni una investigación legal pública que documente las pruebas que sustentan las muertes. Legisladores de ambos partidos han cuestionado la falta de transparencia, mientras que organismos internacionales y funcionarios venezolanos han denunciado las operaciones y exigido explicaciones sobre las víctimas.
El 20 de enero, en su primer día de regreso en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió el camino para designar a las organizaciones criminales y cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”. Entre las mencionadas se encuentra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, informes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos expresaron dudas sobre la afirmación de que el gobierno de Nicolás Maduro colabora con el grupo o dirige el tráfico de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.
Un mes después, el 20 de febrero, el gobierno designó formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como terroristas, una etiqueta que históricamente se ha aplicado a grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, marcando un cambio en el enfoque legal de Washington hacia el narcotráfico.
El 19 de agosto, autoridades estadounidenses confirmaron el despliegue de tres destructores Aegis con misiles guiados frente a las costas de Venezuela. En las semanas siguientes, la presencia naval aumentó con tres barcos de asalto anfibio, dos buques de la Marina y unos 6.000 marinos e infantes de marina. También se desplegaron aviones F-35 en Puerto Rico y un submarino frente a Sudamérica con capacidad para lanzar misiles de crucero.
El 2 de septiembre, Estados Unidos realizó el primer ataque contra una embarcación presuntamente operada por el Tren de Aragua, según Trump. El presidente afirmó que once personas murieron y publicó un video donde se observa una lancha en llamas, aunque sin evidencia visible de narcóticos.
El 10 de septiembre, el senador Tim Kaine y otros veinte legisladores demócratas enviaron una carta a la Casa Blanca exigiendo una justificación legal. Días después, el senador Jack Reed declaró que el Ejército “no está autorizado para cazar presuntos criminales y matarlos sin juicio”.
En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusó a Washington de asesinato y cuestionó la identificación de las víctimas. “¿Cómo sabían que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip o un código QR?”, ironizó en un discurso público.
El 15 de septiembre, el Ejército llevó a cabo un segundo ataque, donde murieron tres personas. Trump aseguró que las pruebas eran “claras”, pero no difundió imágenes. Cuatro días después, el mandatario informó de un tercer ataque con tres muertos más, reiterando que se trataba de narcotraficantes confirmados por inteligencia militar.
El 2 de octubre, Trump emitió un memorando declarando a los cárteles como “combatientes ilegales” y estableciendo que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con ellos. El documento provocó críticas del senador republicano Rand Paul, quien señaló que sólo el Congreso puede declarar la guerra.
El 3 de octubre, Hegseth anunció un cuarto ataque contra una lancha frente a Venezuela con cuatro muertos. Trump afirmó que el bote “contenía suficientes drogas para matar a 50.000 personas”.
El 8 de octubre, el Senado rechazó un proyecto que habría obligado al presidente a solicitar autorización antes de nuevos ataques. La votación fue de 48 a 51, con dos republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— apoyando la medida.
El 14 de octubre, Trump reportó un quinto ataque, con seis muertos. Un día después, confirmó que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y que evaluaba acciones terrestres.
El 16 de octubre, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, anunció su retiro para diciembre, a menos de un año de asumir el cargo. Ese mismo día, Trump informó del sexto ataque, que dejó dos muertos y dos sobrevivientes que serían entregados a Ecuador y Colombia.
El 17 de octubre, el Ejército realizó un séptimo ataque, matando a tres presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hegseth mostró un video del bote en llamas, pero sin pruebas adicionales.
El 20 de octubre, el legislador Adam Smith pidió una audiencia sobre los ataques y cuestionó la falta de transparencia del Pentágono.
Un día después, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticaron las acciones, señalando que violan el principio de no intervención y advirtieron que representan una “escalada peligrosa” en el Caribe.
El 21 de octubre, Hegseth informó un octavo ataque en el Pacífico, con dos muertos, ampliando el radio de operaciones. El 22 de octubre, anunció un noveno ataque en la misma zona con tres fallecidos y difundió un video con explosiones y paquetes flotando.
El 24 de octubre, el secretario de Defensa confirmó el décimo ataque, donde seis personas murieron. Afirmó que la embarcación estaba operada por el Tren de Aragua y prometió perseguir a los “narcoterroristas” con la misma intensidad que a Al Qaeda.
El 28 de octubre, el Pentágono informó de tres nuevos ataques consecutivos a cuatro embarcaciones en el Pacífico oriental, con catorce muertos y tres sobrevivientes. Las autoridades mexicanas se encargaron del rescate de uno de ellos, aunque no se detalló su destino. De los otros dos sobrevivientes no se proporcionó información.
Finalmente, el 29 de octubre, Hegseth anunció un decimocuarto ataque, también en el Pacífico, con cuatro muertos. No se reveló la ubicación exacta. Con ello, el saldo total de las operaciones asciende a 61 fallecidos en menos de dos meses.
Los reportes oficiales describen las acciones como parte de una “guerra contra el narcotráfico”, aunque el gobierno no ha presentado públicamente pruebas concluyentes sobre la carga de las embarcaciones atacadas. Mientras tanto, el Congreso continúa debatiendo los límites de la autoridad presidencial en el uso de la fuerza fuera del territorio nacional.
La Casa Blanca y el Pentágono mantienen su posición: las operaciones buscan impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, las críticas dentro y fuera del país crecen ante la ausencia de una declaración de guerra formal y la falta de transparencia sobre las víctimas y las pruebas que sustentan los ataques.
