El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones Gerald R. Ford, junto con los buques de guerra y aviones de ataque que integran su grupo de combate, en aguas latinoamericanas, según informó el Pentágono el viernes. La medida representa una drástica escalada del poderío militar estadounidense en la región, en el marco de la campaña antinarcóticos y antiterrorista impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, la decisión busca “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y del hemisferio occidental”.
Parnell no especificó el momento exacto en que el portaaviones —considerado el más moderno y tecnológicamente avanzado de la Armada estadounidense— se trasladará a la región ni su ubicación final. Fuentes de la Armada señalaron que el Gerald R. Ford se encuentra actualmente frente a la costa de Croacia, en un despliegue europeo temporal, y que tardaría entre siete y diez días en llegar a su nueva misión bajo el Comando Sur de Estados Unidos.
Una movilización sin precedentes en el Caribe
Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha desplegado alrededor de 10.000 soldados en el Caribe, divididos entre ocho buques de guerra y una base militar en Puerto Rico. Según la administración, la operación forma parte de una misión antiterrorista y antinarcóticos.
El portaaviones Gerald R. Ford, con una tripulación de unos 5.000 marineros, transporta más de 75 aeronaves de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18. Si bien los portaaviones estadounidenses han navegado antes por las aguas latinoamericanas en misiones de “buena voluntad”, este nuevo despliegue es inusual por su carácter operativo y potencialmente de combate, señalaron funcionarios y exoficiales de la Armada.
El almirante retirado James Stavridis, exjefe del Comando Sur, calificó la movilización como “una de las más poderosas en la memoria reciente” y destacó que la presencia del Ford en el Caribe constituye una demostración de fuerza sin precedentes.
Escalada en la campaña militar de Trump
Las nuevas órdenes del Pentágono se emitieron horas después de que el secretario Hegseth confirmara que el ejército estadounidense mató a seis personas en una embarcación sospechosa de contrabando de drogas desde Sudamérica. El ataque, ocurrido en aguas internacionales del mar Caribe, se suma a una serie de operaciones letales en la región que han dejado 43 muertos en diez ataques.
De acuerdo con el Pentágono, los objetivos de los ataques son embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales designadas como terroristas, entre ellas el Tren de Aragua, grupo delictivo latinoamericano. Hegseth aseguró que la acción militar se basó en “informes de inteligencia”, aunque no presentó pruebas que sustenten la versión oficial.
En un video publicado por el secretario en redes sociales, se observa una embarcación que explota tras ser alcanzada, aunque sin más detalles verificables sobre el ataque.
Legalidad en entredicho
Diversos especialistas legales han advertido que las órdenes de la administración Trump podrían violar el derecho nacional e internacional, al permitir ataques contra civiles no participantes en hostilidades, incluso si se sospecha que están involucrados en el narcotráfico.
Tradicionalmente, Estados Unidos ha abordado el narcotráfico marítimo a través de la Guardia Costera, que intercepta embarcaciones y arresta a sus tripulaciones cuando existen sospechas fundadas. Sin embargo, los ataques letales ordenados por el Pentágono han sido interpretados por expertos como ejecuciones extrajudiciales, pues la pena por tráfico de drogas es prisión y no la muerte.
La administración Trump ha sostenido que los ataques son legales, argumentando que el narcotráfico constituye un “ataque armado” contra Estados Unidos, lo que permitiría considerar a los cárteles como combatientes enemigos. Sin embargo, no se ha presentado una justificación jurídica formal ante el Congreso ni ante organismos internacionales.
Ante la falta de fundamento legal, la administración ha optado por un argumento político, asegurando que cada embarcación destruida “salva miles de vidas estadounidenses” al impedir la llegada de drogas al país.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 80.000 estadounidenses murieron por sobredosis el año pasado, una cifra inferior a los 110.000 de 2023, pero aún significativamente más alta que la registrada hace una década. La mayoría de las muertes recientes se atribuyen al fentanilo, cuya producción se origina principalmente en laboratorios mexicanos, mientras que la cocaína proviene de Sudamérica.
El portaaviones Gerald R. Ford se incorpora así a una operación militar ampliada que busca desmantelar redes de tráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, donde se han llevado a cabo ataques previos.
Los ataques recientes han estado dirigidos principalmente a embarcaciones procedentes de Sudamérica, y varios de ellos se relacionan con Venezuela, país al que la administración Trump acusa de proteger y financiar redes de narcotráfico.
En declaraciones previas, Trump calificó al presidente Nicolás Maduro como “líder de un cártel de la droga” y reiteró su postura de considerar operaciones militares terrestres para “derrocar al régimen”.
Funcionarios militares confirmaron que el despliegue del Gerald R. Ford forma parte de una estrategia de presión ampliada sobre Venezuela, con el apoyo del Comando Sur. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, se encuentran entre los funcionarios que respaldan una intervención más agresiva en la región.
El portaaviones Gerald R. Ford representa la nueva generación de poder naval estadounidense, con una capacidad superior de despliegue aéreo y sostenimiento logístico. Su presencia en la región simboliza una advertencia estratégica a los gobiernos y organizaciones criminales considerados una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.
Funcionarios del Pentágono afirmaron que la operación podría extenderse durante varios meses, con posibles escalas en bases militares del Comando Sur, ubicadas en el Caribe y Centroamérica.
