En la tarde del 8 de marzo, el petrolero Torm Agnes ingresó al Puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico mexicano, transportando casi 120 mil barriles de diésel. Este arribo resultó inusual, ya que el puerto recibe principalmente cruceros, yates y contenedores, y carece de las instalaciones necesarias para manejar hidrocarburos inflamables. Sin embargo, ese día, decenas de camiones cisterna se alinearon en el muelle para recibir el combustible del buque.
Testigos informaron que los trabajadores operaron con rapidez, conectando mangueras a los tanques de los vehículos y realizando la transferencia simultánea a varios camiones. La operación continuó durante la noche, bajo la supervisión de un grupo que, según fuentes consultadas, actuaba con precisión profesional.
Una investigación realizada por la agencia Reuters reveló que, de acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas y tres personas con conocimiento de los hechos, la maniobra fue organizada por contrabandistas vinculados a cárteles del narcotráfico, en coordinación con la empresa estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas. La compañía compró el diésel en Canadá, lo declaró falsamente como lubricante industrial —producto exento de impuestos en México— y lo envió al país utilizando el Torm Agnes.
Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. Su abogado, Joseph O. Slovacek, pidió a la agencia dejar de contactar a sus clientes. El Puerto de Ensenada tampoco ofreció respuesta, mientras que Torm, empresa naviera danesa propietaria del buque, anunció semanas después que rompía relaciones comerciales con Ikon Midstream.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el combustible ilegal se ha convertido en la mayor fuente de ingresos no relacionada con las drogas para los cárteles mexicanos. Los grupos criminales han desarrollado una compleja red que abarca desde la compra de productos en América del Norte hasta su transporte en camiones, trenes y buques cisterna. Las autoridades han comenzado a referirse a estos últimos como parte de una nueva “flota oscura”, similar a la usada para el comercio ilícito de petróleo ruso o iraní.
Fuentes gubernamentales mexicanas estiman que las importaciones ilegales representan hasta un tercio del mercado nacional de diésel y gasolina. El valor anual del combustible de contrabando supera los 20 mil millones de dólares, según cálculos de especialistas que colaboran con el Tesoro mexicano.
La expansión del negocio ha generado preocupación en ambos lados de la frontera. Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre delitos relacionados con el contrabando de combustible. En México, la situación ha desencadenado investigaciones por corrupción dentro de la Armada, institución responsable de la administración portuaria. Su titular, Raymundo Morales, declaró en septiembre que no se tolerará ningún acto corrupto.
Para documentar el fenómeno, Reuters entrevistó a más de 50 personas, incluidas cinco que participaron directamente en las operaciones ilícitas, así como funcionarios y empresarios de ambos países. La investigación reveló cómo las redes delictivas utilizan empresas fantasma, documentos falsificados y sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros para facilitar la entrada de los cargamentos.
El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, advirtió que su estado se ha convertido en un punto de operación de estas redes, y presentó una iniciativa para endurecer los controles sobre depósitos y transportistas de combustible. El proyecto, sin embargo, permanece detenido en el Senado de Texas.
El esquema tiene como finalidad principal evadir el impuesto especial (IEPS), que en México puede superar el 50 % del valor del combustible. Los contrabandistas declaran el diésel como productos exentos, como lubricantes o aditivos, evitando el pago millonario de tributos.
Las fuentes consultadas por Reuters detallan que el combustible ilegal se distribuye en gasolineras sin marca y en empresas mineras o industriales sin licencia. Este mercado paralelo afecta a corporaciones internacionales. En mayo, Shell vendió su negocio minorista en México, decisión motivada, según fuentes internas, por la imposibilidad de competir con el bajo costo del combustible de contrabando, que se comercializa con descuentos de hasta 10%.
El Torm Agnes fue identificado como parte de una serie de operaciones similares. Entre enero y marzo, otro buque de la misma flota, el Torm Louise, realizó cuatro envíos de diésel desde Texas al puerto mexicano de Tampico, también bajo la gestión de Ikon Midstream. Los registros aduaneros presentados por la empresa clasificaban estos cargamentos como “aditivos para lubricantes”.
Según los datos de la naviera Torm, ambos buques transportaban realmente diésel y nafta. En tres viajes, el Torm Louise llevó además este último producto, comúnmente utilizado por los contrabandistas para elaborar gasolina de baja calidad.
El valor de los impuestos evadidos en el caso del Torm Agnes se estima en 7 millones de dólares, de acuerdo con cálculos basados en las tarifas vigentes y el volumen transportado. El cargamento, vendido a la empresa mexicana Intanza, fue declarado con un valor diez veces menor al real y clasificado como lubricante.
Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza actúa como empresa fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No posee presencia visible ni instalaciones operativas, y su representante legal, Ramiro Rocha, afirmó desconocer la compañía y ser víctima de robo de identidad.
El nombre de Intanza apareció nuevamente tras la incautación del petrolero Challenge Procyon el 21 de marzo en el puerto de Tampico, donde se hallaron 63 mil barriles de diésel. La empresa presentó una demanda solicitando la devolución del cargamento, alegando que eran lubricantes, pero la petición fue rechazada.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó la incautación como una de las mayores en la historia reciente. En el marco de la investigación, fueron detenidas 14 personas, incluidos empresarios y exfuncionarios navales.
Desde 2020, las autoridades mexicanas han detectado un cambio en las rutas del contrabando: de transporte terrestre a marítimo. Este giro requiere inversión, conocimientos logísticos y contactos internacionales, factores que, según expertos, demuestran el nivel de sofisticación alcanzado por los cárteles.
En respuesta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense ha sancionado a ciudadanos y empresas presuntamente vinculadas al CJNG y sus operaciones de contrabando. Las sanciones incluyen negocios diversos, desde gasolineras hasta panaderías.
Los gobiernos de ambos países sostienen que el CJNG domina actualmente el contrabando de combustible y petróleo crudo, enviando productos robados a Estados Unidos y trayendo diésel y gasolina desde Texas y Canadá hacia México.
Durante la campaña presidencial de 2024, la oposición mexicana acusó al partido gobernante Morena de haber recibido financiamiento de Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y conocido como “El Rey del Combustible Ilegal”. Los documentos de inteligencia revisados por Reuters vinculan a Carmona con el financiamiento de campañas políticas y con cárteles en Tamaulipas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido combatir el contrabando y la corrupción en el sector energético. Desde que asumió el cargo en octubre de 2024, su administración reporta la incautación de medio millón de barriles de combustible ilegal.
Las investigaciones y redadas han aumentado el nivel de violencia. El 4 de agosto, el fiscal federal de Tamaulipas, Ernesto Vázquez, fue asesinado tras un ataque con granadas e impactos de arma de fuego, presuntamente en represalia por los decomisos recientes en Reynosa.
El caso del Torm Agnes sigue bajo investigación. Después de descargar parte de su carga en Ensenada, el buque zarpó rumbo a Guaymas, donde repitió la operación hasta que se difundió la noticia de la incautación del Challenge Procyon. De acuerdo con fuentes de seguridad, la nave abandonó el puerto apresuradamente el 21 de marzo, dejando tanques y camiones abandonados en la zona.
Días después, el gobierno mexicano incautó 50 mil barriles de productos petrolíferos almacenados en contenedores cerca de Ensenada, además de equipo y camiones de la empresa Mefra Fletes, que habría participado en la descarga del Torm Agnes. Su exrepresentante legal, Anuar González, fue arrestado en agosto, mientras que su principal accionista, Roberto Blanco, permanece prófugo.
La investigación de Reuters reveló que Ikon Midstream realizó al menos 149 exportaciones declaradas como lubricantes entre 2019 y 2025, muchas de ellas por vía marítima. Las autoridades fiscales mexicanas han señalado un incremento anormal de importaciones de lubricantes, un fenómeno utilizado para eludir el IEPS.
Expertos de la industria estiman que la demanda real de lubricantes en México es de apenas un millón de toneladas anuales, mientras que los registros de exportaciones desde Estados Unidos alcanzan 3,5 millones de toneladas, una discrepancia que apunta a la magnitud del fraude.
Los documentos de embarque del Torm Agnes muestran que Ikon Midstream vendió el supuesto “lubricante” a Intanza por 1,3 millones de dólares, aunque su valor real rondaba los 12 millones. El cargamento había sido adquirido originalmente a Imperial Oil, filial canadiense de ExxonMobil, según varias fuentes del sector.
Tras la publicación de los hallazgos, Torm reiteró que no participa en trámites aduaneros ni en la clasificación de las cargas. La empresa recibió documentación de Ikon Midstream donde el producto se identificaba correctamente como diésel ultrabajo en azufre (ULSD). No obstante, ante las irregularidades detectadas, la naviera suspendió toda relación comercial con Ikon Midstream en abril y canceló contratos futuros.
El caso del Torm Agnes ejemplifica la escala internacional del contrabando de combustible en México, un negocio multimillonario que combina la evasión fiscal, la corrupción institucional y la participación de empresas extranjeras. Las investigaciones continúan en curso, mientras autoridades mexicanas y estadounidenses intentan frenar la expansión del comercio ilícito que alimenta las finanzas de los cárteles y erosiona la competitividad del mercado energético legal.
