Los ocho candidatos a encabezar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para el periodo 2025-2029 serán entrevistados hoy por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local. La diputada Jannete Elizabeth Guerrero, presidenta de dicha Comisión, detalló que, de un total de 28 aspirantes, ocho cumplieron con todos los requisitos, entre ellos tener al menos diez años de experiencia y demostrar su residencia en la ciudad, procediendo ahora a la fase de evaluación mediante entrevistas personalizadas.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero, presidenta de dicha Comisión, detalló que, de un total de 28 aspirantes, ocho cumplieron con todos los requisitos, entre ellos tener al menos diez años de experiencia y demostrar su residencia en la ciudad. Este filtro inicial permitió seleccionar a los aspirantes que proceden a la siguiente etapa del proceso de selección para dirigir el organismo autónomo de derechos humanos de la capital mexicana durante los próximos cuatro años.
Obtilia Eugenio Manuel es una de las ocho candidatos que serán entrevistadas, ella es activista del pueblo Ayutla de los Libres, del estado de Guerrero en México, uno de los objetivos centrales de su plan de trabajo es “Restablecer la autonomía de la Comisión frente a las autoridades y servidores públicos responsables de la violación de los derechos humanos”. Esta propuesta busca fortalecer la independencia del organismo frente a los poderes gubernamentales en el ejercicio de su función de protección y defensa de los derechos fundamentales.
Carlos López López tiene una trayectoria de 15 años y de 2022 a 2025 ha sido subdirector del Programa de Sexualidad, Salud y VIH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su programa de trabajo propuso priorizar el financiamiento de la comisión en “lo que impacta directamente en la vida de las personas, que son las visitadurías especializadas que atienden los casos más complejos (…) y los programas de formación que transforman a las personas servidoras públicas en garantes sensibles y empáticas”. Este enfoque estratégico busca optimizar la asignación de recursos hacia las áreas de mayor impacto en la protección ciudadana.
María Dolores González Saravia Calderón es directora de la asociación civil Eutopía y Estrategia. Una de sus propuestas es “agilizar los procesos de atención y la justiciabilidad de los derechos mediante el fortalecimiento del vínculo con otras comisiones de derechos humanos y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo”. Esta iniciativa pretende mejorar la coordinación interinstitucional para hacer más efectiva la protección de los derechos humanos en la capital mexicana.
Paolo Giuseppe Martínez Ruiz trabajó en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX. Propone que personal de la comisión realice visitas a las alcaldías y al gobierno de la CDMX para entrevistar a los trabajadores y verificar su entorno laboral. Este mecanismo de supervisión directa buscaría identificar y prevenir posibles violaciones a derechos laborales dentro de la administración pública local.
Aldo Antonio Trapero Maldonado trabaja en la coordinación de la maestría en construcción de paz del Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo. Una de sus propuestas es “implementar brigadas itinerantes de queja y orientación para atender a las personas violentadas en sus derechos, una vez al mes”. Este programa de atención móvil facilitaría el acceso a los servicios de la comisión en zonas de difícil acceso o con población vulnerable.
Nancy Pérez García fue directora ejecutiva de Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos Humanos local hasta febrero de este año. Busca consolidar una política de tolerancia cero “contra la violencia laboral, el acoso y la discriminación dentro de la propia comisión, pues debe ser ejemplo de respeto a los derechos humanos laborales”. Esta propuesta de ética interna busca que el organismo sea coherente entre su función pública y sus prácticas institucionales.
Ángela María Guerrero Alcántara es coordinadora general de la Asociación Civil CEA Justicia Social. Una de sus propuestas es “generar un sistema de atención con perspectiva restaurativa”. Este modelo alternativo de justicia buscaría reparar el daño a las víctimas y restaurar las relaciones sociales afectadas por violaciones a derechos humanos.
Vilma Ramírez Santiago es jefa de Servicios en la Dirección Jurídica del ISSSTE y fue directora de área adscrita a la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Una de sus propuestas es “generar acciones que permitan la permanencia laboral del personal, tomando en cuenta que el factor humano es fundamental, pues son las personas trabajadoras las que atienden a las personas peticionarias o quejosas”. Esta iniciativa de estabilidad laboral pretende fortalecer la capacidad institucional mediante la retención de talento especializado.
Cada diputado plasmará la calificación de los candidatos en una cédula y el que obtenga la calificación global más alta será al que la comisión propondrá al pleno, donde requiere el aval de dos terceras partes de los legisladores. Este mecanismo de evaluación busca garantizar la transparencia en la selección del próximo titular del organismo defensor de derechos humanos más importante de la capital mexicana.
El proceso de entrevistas se desarrollará durante la sesión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, donde los diputados integrantes podrán cuestionar directamente a los aspirantes sobre sus propuestas, experiencia y visión para dirigir la Comisión de Derechos Humanos durante el próximo periodo constitucional 2025-2029. La sesión será pública en cumplimiento de los principios de transparencia que rigen estos procedimientos de designación.
Una vez concluidas las entrevistas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local tendrá un plazo establecido para emitir su dictamen y presentar al pleno la propuesta del candidato que considere idóneo para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El proceso completo de designación deberá concluir antes del inicio del nuevo periodo constitucional en 2025, garantizando la continuidad en las funciones del organismo autónomo.
