El Senado de la República ratificó este martes a cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un periodo de 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025. Durante la discusión en el Pleno, los senadores oficialistas con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención aprobaron la ratificación de Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como integrantes del máximo órgano del tribunal administrativo.
Posteriormente, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto protocolario formalizó el inicio del proceso que culminará con su incorporación plena a la Sala Superior a partir de noviembre del próximo año, cuando comenzará a correr el periodo de 15 años establecido en la resolución.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, argumentó que estos ciudadanos cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, además de que, con ellos, la titular del Ejecutivo Federal demuestra su compromiso de contar con los mejores perfiles en la administración pública. Esta postura fue respaldada por la mayoría de los legisladores presentes durante la sesión plenaria donde se llevó a cabo la votación nominal.
Sin embargo, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota presentó una moción suspensiva al afirmar que los magistrados pertenecen al grupo político oficialista, además de no cumplir un punto importante del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
La legisladora opositora fundamentó su objeción al señalar: “Si ustedes se ponen a stalkear en Google a estas personas, digo, no es que yo los esté señalando de nada, pero si ustedes se ponen a stalkear en las redes sociales lo que sale de estas personas, particularmente de los dos hombres, los vinculan a temas de giros negros, trata de personas, corrupción, desvío de recursos públicos. Digo, si esa es la buena fama pública, cuál es la mala fama pública”.
Anaya Mota amplió su crítica al indicar: “También ellos, todos ellos, provienen de un mismo grupo político, del grupo político que ha gobernado la capital de este país por los últimos 30 años, e incluso, cuando a alguno de ellos se les preguntó por su militancia partidaria dijo que él no negaba la cruz de su parroquia”. Esta observación apuntó a cuestionar la independencia política y la diversidad de procedencia de los funcionarios judiciales ratificados.
La senadora priista culminó su intervención con una afirmación contundente: “Eso habla no solamente del descaro de ustedes, sino del cinismo de ellos de decir, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son de un mismo grupo político, no hay división de poderes en este país”. Esta declaración reflejó la postura de la minoría legislativa que consideró que el proceso de ratificación carecía de la pluralidad política necesaria para garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado.
El resultado de la votación, con 82 sufragios a favor, 34 en contra y una abstención, demostró la clara división entre los grupos parlamentarios respecto a la idoneidad de los candidatos y el procedimiento de ratificación seguido. La mayoría oficialista logró imponer su posición a pesar de las objeciones planteadas por la oposición durante el debate previo a la votación.
La ratificación de los cinco magistrados representa uno de los procesos de designación judicial más importantes realizados durante el actual periodo legislativo, dado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es responsable de resolver controversias entre particulares y la administración pública federal, así como de dirimir conflictos fiscales y administrativos de significativa relevancia jurídica y económica.
El periodo de 15 años establecido para los magistrados ratificados supera la duración de los mandatos presidenciales y legislativos, lo que teóricamente busca garantizar su independencia funcional y autonomía en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Esta característica fue destacada por los promotores de la ratificación como un elemento que fortalece la seguridad jurídica en las resoluciones del tribunal.
