El Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Donald Trump emitió un comunicado en el que afirma haber detectado un sistema de recompensas organizado por redes criminales mexicanas y grupos extremistas de Estados Unidos, presuntamente destinado a promover la violencia contra personal federal de migración.
De acuerdo con el informe de prensa, los presuntos responsables habrían estructurado un esquema de pagos que varía según el tipo de acción cometida contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El documento detalla que las recompensas comienzan en 2 mil dólares por recolectar información de inteligencia, publicar datos personales, fotografías o detalles familiares de los agentes federales. En niveles más altos, las cifras ascienden a 5 mil o hasta 10 mil dólares por actos de intimidación, secuestro o ataques sin armas letales.
El máximo incentivo, según el gobierno estadounidense, sería de 50 mil dólares por el asesinato de agentes de alto rango. El DHS sostiene que la información fue obtenida mediante fuentes de inteligencia consideradas confiables y que forma parte de un patrón de violencia planificada contra personal federal en diversas ciudades.
El comunicado utiliza de manera reiterada el plural “cárteles” para referirse tanto a los grupos criminales mexicanos como a las organizaciones delictivas en territorio estadounidense. De esta forma, el gobierno de Trump asocia a ambos grupos bajo una misma estructura, sin distinguir entre sus ámbitos de operación.
Según el DHS, estas redes criminales instruyen a pandillas callejeras en Chicago, Illinois, para vigilar, acosar e incluso asesinar a agentes federales. El informe señala que los pandilleros simpatizan con los cárteles mexicanos y actúan como intermediarios o vigilantes en zonas específicas de la ciudad.
Entre las áreas mencionadas destacan los barrios de Pilsen y Little Village, donde presuntamente operan pandillas afiliadas a los Latin Kings. Estos grupos, según el documento, han desplegado vigilantes o “halcones” que monitorean los movimientos de los agentes en tiempo real.
El DHS indica que estos individuos cuentan con sistemas de radiocomunicación y están armados, lo que les permite coordinar sus acciones y reaccionar ante la presencia de las autoridades migratorias. El monitoreo continuo, asegura el informe, habría dificultado las operaciones rutinarias de ICE y CBP, como la denominada Operación Midway Blitz, una redada migratoria realizada en la ciudad de Chicago.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que el objetivo de estas acciones es entorpecer los operativos migratorios y frenar las redadas federales que se desarrollan en áreas urbanas con alta presencia de comunidades migrantes. La presunta colaboración entre pandillas estadounidenses y cárteles mexicanos, según la versión oficial, busca consolidar una red binacional de apoyo mutuo en contra de las acciones de las autoridades migratorias.
De acuerdo con el comunicado, los llamados “cárteles” han “diseminado y estructurado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra personal federal, con pagos que escalan de acuerdo al rango de las acciones que se tomen”.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el DHS no identifica a los grupos criminales mexicanos específicos a los que atribuye la autoría de esta estructura de recompensas. Solo señala que la información proviene de inteligencia “creíble”, sin ofrecer más detalles sobre las fuentes ni sobre las investigaciones en curso.
El comunicado también sugiere que la oposición a las redadas antimigratorias, particularmente las que se han llevado a cabo en Chicago, podría estar siendo fomentada por los mismos cárteles del narcotráfico. Según la interpretación del DHS, estas acciones forman parte de un esfuerzo por obstaculizar la labor del personal de migración y desarticular sus operativos.
El texto enfatiza que la narrativa oficial del gobierno de Trump utiliza el plural “cárteles” para referirse tanto a los grupos mexicanos como a los estadounidenses involucrados, evitando así reconocer la existencia de estructuras de narcotráfico internas dentro de Estados Unidos.
El DHS concluye que las redes criminales detectadas mantienen comunicación directa con pandillas locales y ofrecen instrucciones precisas para vigilar, hostigar o atacar a los agentes federales, lo que habría permitido “acorralar y desmantelar las acciones de rutina” de las autoridades migratorias.
Hasta el momento, el comunicado no detalla nombres, fechas exactas ni lugares específicos donde se habrían producido las agresiones o intentos de agresión. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior asegura que mantiene un seguimiento constante de las amenazas y ha reforzado las medidas de seguridad para proteger a su personal operativo.
El gobierno de Trump sostiene que continuará utilizando información de inteligencia para identificar a los responsables y evitar ataques contra sus agentes federales, tanto en Estados Unidos como en la frontera con México.
