El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos en el marco de su ofensiva contra los cárteles de la droga y presuntos aliados políticos, informaron a Reuters funcionarios mexicanos. La medida, aplicada durante la administración del expresidente Donald Trump, ha generado incertidumbre entre la clase política mexicana, que regularmente viaja al país vecino y depende de estos permisos.
De acuerdo con un informe exclusivo de la agencia Reuters, las cancelaciones de visas a políticos y funcionarios mexicanos por parte de Estados Unidos son mucho más amplias de lo que se había reportado inicialmente. Aunque algunos casos ya eran conocidos, las nuevas revelaciones indican que al menos medio centenar de políticos, principalmente del partido gobernante Morena, así como de otras fuerzas políticas, han sido afectados.
Según tres exembajadores estadounidenses consultados, este tipo de acciones no son inéditas, pero sí inusuales por su magnitud. Señalaron que la administración del expresidente Donald Trump utilizó la revocación de visas como una herramienta diplomática con fines políticos y de presión.
“El gobierno de Trump está buscando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, declaró Tony Wayne, quien fungió como embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.
La medida ha provocado inquietud en la élite política mexicana, acostumbrada a viajar a Estados Unidos por motivos personales y oficiales. En esta ocasión, la decisión marca una ampliación significativa de la política antinarcóticos estadounidense, que ahora apunta directamente a funcionarios en activo, un sector tradicionalmente tratado con cautela diplomática.
Una de las fuentes consultadas, un político mexicano de alto perfil, aseguró que más de 50 miembros de Morena fueron afectados, junto con decenas de funcionarios de otros partidos. Los informantes solicitaron anonimato por tratarse de un tema considerado altamente sensible.
Hasta el momento, Reuters no ha podido confirmar los nombres de todos los funcionarios cuyas visas fueron canceladas. Sin embargo, al menos cuatro de ellos han reconocido públicamente la medida, entre ellos Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien ha negado rotundamente cualquier vínculo con actividades criminales.
Reacción del gobierno mexicano
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener información oficial sobre la presunta revocación de visas a 50 políticos mexicanos. Señaló que el gobierno de Estados Unidos maneja estos datos de manera individual y los comunica directamente a las personas afectadas.
“No tenemos información. El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal”, declaró Sheinbaum.
La mandataria explicó que su administración únicamente recibe información sobre este tipo de medidas cuando están relacionadas con temas de seguridad nacional. “No es una información que ellos compartan con el gobierno de México, a menos que hubiera una investigación que tuviera que ver con seguridad pública”, añadió.
Política de revocación de visas
De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos no está obligado a ofrecer explicaciones al cancelar una visa. El umbral para hacerlo es significativamente menor que el requerido para imponer sanciones o iniciar un proceso judicial.
Un alto funcionario estadounidense explicó a Reuters que “las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. Entre las causas posibles se encuentran el narcotráfico, la corrupción, el espionaje o la facilitación de la migración ilegal.
El mismo funcionario sostuvo que la administración Trump “ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de Sheinbaum” y reiteró que la cooperación bilateral continuará enfocada en los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Sin embargo, la falta de información clara ha generado confusión y preocupación entre los funcionarios mexicanos, quienes temen ser incluidos en futuras listas o estar bajo investigación. La mayoría de los afectados ha optado por no hablar públicamente, preocupados por el impacto que esto podría tener en su reputación.
Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México de 2016 a 2018, explicó que en su experiencia, la cancelación de visas a políticos solo ocurría cuando existía una condena judicial o un caso penal abierto. “La revocación de una visa podría indicar que Estados Unidos está investigando a la persona, pero no necesariamente”, dijo.
Jacobson añadió que los procesos de investigación suelen ser prolongados: “Lo más probable es que no se sepa si Estados Unidos está investigando o no durante años”.
Por su parte, John Feeley, embajador en Panamá de 2015 a 2018, comentó que no recordaba un solo caso en el que un político panameño hubiera perdido su visa durante su gestión. Subrayó que una revocación masiva de visas a funcionarios de un mismo país puede ser contraproducente y afectar la cooperación bilateral en temas de seguridad.
“Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum podría considerar que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”, señaló Feeley.
Aunque Washington no publica estadísticas oficiales sobre la frecuencia de revocaciones de visas a funcionarios extranjeros, las fuentes consultadas por Reuters aseguran que esta acción representa una de las medidas más amplias de presión política de los últimos años.
Por ahora, tanto la embajada de Estados Unidos en México como la Secretaría de Relaciones Exteriores han evitado ofrecer declaraciones adicionales. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los sectores político y diplomático de México sobre el alcance real de la medida y sus implicaciones para la relación bilateral.
