Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, presunto líder del grupo criminal La Barredora, quien impugnó la orden de aprehensión librada en su contra por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. La decisión fue emitida en el Estado de México y ratificada por un tribunal colegiado, aunque el exfuncionario seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, bajo disposición del juez de amparo y del juez de control.
Pese a la medida cautelar, Bermúdez no recuperará su libertad, ya que la resolución únicamente establece que su situación jurídica queda bajo supervisión judicial, sin invalidar la orden de captura. El juez determinó que la suspensión definitiva no impide la ejecución de la orden de aprehensión, sino que busca garantizar los derechos procesales del imputado durante el curso del procedimiento penal.
El fallo fue emitido por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien había otorgado previamente una suspensión provisional a Bermúdez Requena. La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de queja contra esa decisión, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso, confirmando la medida en favor del exfuncionario.
Durante la sesión, el magistrado de circuito Ricardo Garduño Pasten explicó los alcances de la resolución judicial:
“El juez de distrito está diciendo que, en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión, quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento”.
El magistrado precisó que la suspensión no implica la liberación del acusado, ni impide que la orden de captura se ejecute, sino que establece un marco legal para su custodia y proceso judicial.
“No hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo”, añadió Garduño Pasten.
De acuerdo con la resolución, Hernán Bermúdez Requena deberá permanecer interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su libertad personal queda sujeta a las decisiones tanto del juez de amparo como del juez de control, quienes determinarán los siguientes pasos en el procedimiento judicial.
Las autoridades federales confirmaron que la suspensión definitiva no altera el curso del proceso penal, el cual continúa su trámite por delincuencia organizada y secuestro agravado. El Ministerio Público de la FGR mantiene las acusaciones en su contra y continúa integrando la carpeta de investigación.
En diciembre de 2019, Hernán Bermúdez Requena asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en sustitución de Ángel Mario Balcázar Martínez, quien presentó su renuncia por motivos personales.
Antes de ocupar ese cargo, Bermúdez se desempeñaba como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la administración de Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el exfuncionario habría utilizado su posición dentro de las corporaciones de seguridad para favorecer las operaciones del grupo criminal “La Barredora”, identificado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades señalan que el grupo operaba en el sureste del país, especialmente en zonas estratégicas de Tabasco, donde presuntamente realizaba actividades de extorsión, secuestro y control territorial.
El proceso penal contra Bermúdez se mantiene en curso. La FGR promovió un recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, argumentando que la suspensión otorgada por el juez de distrito interfería con la acción de la justicia penal federal.
No obstante, el tribunal rechazó los argumentos del Ministerio Público, al considerar que la resolución no afectaba el ejercicio de las facultades de persecución penal, sino que respetaba el marco legal establecido por la Ley de Amparo.
La determinación del tribunal confirma que el juez de distrito actuó conforme a derecho, y que la suspensión concedida tiene el propósito de asegurar la correcta tramitación del procedimiento, sin vulnerar la autonomía de las autoridades judiciales ni obstaculizar la investigación penal en curso.
Con la suspensión definitiva en vigor, la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez no pierde validez, pero su ejecución y efectos están sujetos a la supervisión del juez de amparo. Esto significa que el exfuncionario no puede ser liberado ni trasladado sin la autorización judicial correspondiente.
El caso permanecerá bajo la jurisdicción del Poder Judicial Federal, mientras el Ministerio Público continúa con la integración de pruebas relacionadas con las acusaciones de delincuencia organizada y secuestro agravado.
Las audiencias programadas en el proceso penal definirán si se mantiene o modifica la medida cautelar, conforme al avance de la investigación y a los dictámenes judiciales posteriores.
