El Ejército mexicano mató por error a seis personas en el sur de Tamaulipas, la noche del lunes, en un operativo realizado sobre la carretera Mante–Tampico, según confirmaron fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando una camioneta blanca habría intentado embestir un convoy militar, lo que provocó que los soldados abrieran fuego. Cinco de los ocupantes murieron en el lugar y otro falleció camino al hospital. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los efectivos militares dispararon al percibir una amenaza a su integridad física, luego de realizar “algunas maniobras” ante la supuesta embestida del vehículo. Sin embargo, el comunicado oficial no menciona la existencia de un ataque armado contra los soldados.
Medios locales señalaron que las víctimas podrían haber sido jornaleros agrícolas, ya que el sur de Tamaulipas se caracteriza por su actividad agrícola, destacando el cultivo de caña de azúcar, cítricos, hortalizas y cereales.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos como “muy lamentables” y aseguró que la Defensa Nacional “tomó cartas en el asunto de inmediato”. En conferencia de prensa este miércoles, la mandataria subrayó que se revisará a fondo la actuación de los elementos implicados y que su gobierno acompañará a las familias de las víctimas.
“Hay que revisar para tener todos los datos de qué ocurrió”, dijo Sheinbaum. “Nosotros tenemos un sistema jurídico, pero no somos la guerra contra el narco. Antes la orden era disparar; aquí no”.
Las declaraciones de la presidenta marcan distancia con las políticas de seguridad de gobiernos anteriores y ponen el acento en la revisión de protocolos de actuación militar en zonas civiles.
Como sucede en casos donde están involucradas autoridades federales, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal sobre el operativo, según confirmó la Sedena. Hasta ahora, la FGR no ha emitido un comunicado público.
Paralelamente, la Fiscalía de Justicia Militar abrió su propia indagatoria, un proceso que usualmente sirve de base para la investigación civil. Diversas organizaciones han advertido que estas investigaciones paralelas podrían entorpecer la determinación de responsabilidades.
El Centro Pro de Derechos Humanos expresó su preocupación por la apertura de indagatorias simultáneas en el fuero militar, señalando que este tipo de procedimientos no garantizan imparcialidad en casos donde se investigan probables violaciones graves a derechos humanos.
El caso de Tamaulipas se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en los últimos meses con participación del Ejército.
En mayo de este año, en Badiraguato, Sinaloa, militares dispararon contra una camioneta en la que viajaban cuatro menores y dos adultos. Dos niñas, de 7 y 11 años, murieron a consecuencia de los disparos. La Sedena tampoco reportó agresión alguna en ese hecho, ocurrido en una zona serrana del estado.
Otro incidente se registró en octubre del año pasado, poco después de que Sheinbaum asumiera la presidencia, en Chiapas. En esa ocasión, soldados abrieron fuego contra una camioneta que transportaba migrantes en una carretera rural entre Villacomatitlán y Huixtla. Según el informe oficial, el vehículo intentó huir y los militares “escucharon detonaciones”, lo que derivó en la respuesta armada. Seis migrantes murieron y doce resultaron heridos.
En ambos casos, la Sedena anunció que los soldados involucrados fueron relevados de sus funciones, aunque las investigaciones permanecen abiertas.
Según la versión oficial, el enfrentamiento ocurrió a las 20:00 horas del lunes, cuando una camioneta blanca se aproximó al convoy militar sobre la carretera Mante–Tampico. Al interpretar la maniobra como una amenaza directa, los elementos del Ejército respondieron con disparos.
Cinco personas murieron en el lugar y una más falleció durante su traslado al hospital. Las autoridades aún no han identificado a las víctimas ni aclarado si el vehículo iba armado o representaba una amenaza real.
Hasta ahora, el comunicado de la Sedena no especifica qué tipo de maniobras realizó el vehículo, ni si existió algún intercambio de disparos. La dependencia reiteró que los soldados “actuaron en defensa propia”, pero omitió mencionar evidencias concretas que sustenten esa versión.
El gobierno federal anunció que se revisará a fondo la actuación militar en este operativo y que se dará acompañamiento a las familias de los fallecidos. La FGR y la Fiscalía Militar continúan con las investigaciones para determinar si hubo uso indebido de la fuerza.
Los resultados preliminares de ambas indagatorias podrían definir posibles responsabilidades penales y disciplinarias para los soldados que participaron en el tiroteo.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública y la necesidad de protocolos más claros para evitar nuevas tragedias.
