El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un presunto intento de asesinato este martes cuando la caravana en la que se movilizaba para asistir a un acto público en el municipio de El Tambo, provincia de Cañar, fue atacada por aproximadamente 500 personas que lanzaron piedras y dispararon contra el vehículo presidencial. La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó el ataque y señaló que se encontraron “signos de bala en el carro del Presidente”, aunque el mandatario salió ileso y continuó con su agenda programada con normalidad.
El ataque ocurrió durante el decimosexto día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida implementada por el gobierno de Noboa el 12 de septiembre que elevó el precio del galón de este combustible de 1.80 a 2.80 dólares. El incidente se produjo cuando el presidente se dirigía a una actividad organizada en la provincia andina de Cañar, y según testimonios oficiales, los manifestantes rodearon el vehículo presidencial y lanzaron proyectiles contra la comitiva.
La ministra Manzano detalló que las fuerzas de seguridad lograron detener a cinco personas presentes en las manifestaciones, quienes serán denunciadas por el delito de terrorismo. “Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice: ‘Sí a la paz, sí al trabajo’, y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas, no son las que nosotros necesitamos en un momento de progreso y desarrollo”, declaró la funcionaria, añadiendo que los hechos no quedarán en la impunidad.
Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se informó que el vehículo en el que viajaba Noboa “está en análisis de criminalística” para determinar con precisión los detalles del ataque, incluyendo la naturaleza de los impactos de bala reportados. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que supuestos manifestantes lanzan piedras contra la caravana presidencial, aunque la secuencia completa de los hechos sigue bajo investigación.
En contraste con la versión gubernamental, la Conaie, la mayor organización indígena de Ecuador, afirmó que se había desatado una violencia orquestada contra quienes se movilizaron para la llegada de Noboa, señalando que entre las personas atacadas en una “brutal acción policial y militar” se encontraban mujeres mayores. “Al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria”, declaró la Conaie en una publicación en X, que incluía un video de una mujer vestida con traje tradicional siendo obligada a caminar por cuatro policías con chalecos antibalas y el rostro cubierto con pañuelos negros.
La ministra Manzano intentó deslindar a las comunidades indígenas tradicionales de responsabilidad en el ataque, afirmando que sabían que “las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas en esto”, sino que se trataba de “ciertas células criminales” que estaban “provocando estos actos de terrorismo”. Esta distinción busca separar las legítimas protestas sociales de lo que el gobierno califica como acciones violentas coordinadas por grupos delictivos.
Las protestas indígenas no solo exigen la restitución del subsidio al diésel, sino también la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%, y han incorporado a su plataforma de demandas la negativa al referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. El gobierno ha mantenido su postura de no retroceder en la eliminación del subsidio, argumentando que este nunca benefició a los más pobres sino al contrabando y a la minería ilegal.
Hasta el momento, el conflicto social ha dejado un saldo trágico con un indígena fallecido por disparos presuntamente efectuados por militares, así como más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, de los cuales una veintena se encuentra en prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía. Este martes, nueve carreteras permanecían cerradas en tres provincias del país, la mayoría en la norteña Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones indígenas.
