La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las investigaciones sobre el presunto campo de entrenamiento de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán deben continuar, luego de que una jueza ordenara la liberación de las 38 personas detenidas el pasado miércoles 24 de septiembre. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión judicial se basó en irregularidades en los horarios registrados durante las detenciones y la falta de una orden de cateo válida. Sheinbaum subrayó que, independientemente de estos aspectos procedimentales, las autoridades mantendrán las pesquisas sobre las actividades realizadas en el predio ubicado en Vista Hermosa, Michoacán.
“Lo que define la jueza es que no corresponden los horarios que se pusieron en la detención, ni había orden de cateo. El Gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando, por qué había un campo de entrenamiento ligado a una iglesia”, declaró la presidenta. Sheinbaum Pardo recordó que la detención de las 38 personas ligadas a La Luz del Mundo ocurrió en un lugar que funcionaba como un campo de entrenamiento donde se encontraron uniformes tácticos y armas largas, algunas reales y otras que eran réplicas.
La mandataria detalló que la detención inicial fue realizada por personal de la Fiscalía de Michoacán, pero los detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República debido a la presencia de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Este hecho confería competencia federal al caso, aunque finalmente la jueza de Distrito Penal, Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, determinó la liberación de todos los implicados por vicios en el procedimiento de aprehensión. “Más allá que a la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores, en orden de cateo (…) lo que sí es cierto es que estaban en un lugar presuntamente de entrenamiento”, subrayó Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo federal agregó que esta es la primera ocasión en que las autoridades aseguran un campo de entrenamiento con estas características, lo que justifica la necesidad de continuar con las investigaciones para determinar los fines y la naturaleza de las actividades que allí se realizaban. “Es la primera vez que se encuentra y tienen que seguir las investigaciones”, insistió durante su intervención ante los medios de comunicación. La declaración presidencial refleja la postura del gobierno federal de no dar por cerrado el caso a pesar del revés judicial.
La semana pasada, Sheinbaum había instruido a la Secretaría de Gobernación revisar “qué procede” con el registro de la organización religiosa La Luz del Mundo, en medio de la controversia generada por la detención de algunos de sus integrantes en un campo de entrenamientos tácticos. Esta revisión podría llevar a la posible cancelación del registro oficial de la iglesia si se determina que sus actividades se desvían de los fines religiosos establecidos en la ley. La instrucción forma parte de una evaluación más amplia sobre el cumplimiento normativo de las asociaciones religiosas en México.
La liberación de los 38 detenidos, aunque representa un contratiempo procesal para las autoridades, no impide que la Fiscalía General de la República continúe recabando evidencias y construyendo un caso sólido que pueda presentarse nuevamente ante los tribunales, esta vez respetando todos los requisitos procedimentales. La presidenta Sheinbaum dejó claro que el gobierno federal respeta las decisiones judiciales, pero mantiene su compromiso de investigar a fondo cualquier actividad que pueda representar un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.
El Gabinete de Seguridad, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, analizará los detalles de la decisión judicial para identificar las fallas procesales que llevaron a la liberación de los detenidos y evitar que situaciones similares se repitan en futuras operaciones. Este proceso de revisión interna busca fortalecer los protocolos de actuación de las corporaciones policiales y mejorar la coordinación entre autoridades estatales y federales en operativos de seguridad complejos.
