El presidente Donald Trump anunció una nueva tarifa de 100,000 dólares para las visas de trabajo H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros especializados en sectores como tecnología, ingeniería y ciencias. Esta medida, que forma parte de una serie de políticas antiinmigración de su administración, busca priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses y garantizar que sólo ingresen al país “individuos altamente calificados que realmente no pueden ser reemplazados por empleados norteamericanos”, según explicó Will Scharf, asistente del presidente.
Las visas H-1B permiten a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas laborar en Estados Unidos por un período inicial de tres años, prorrogable hasta seis años, mediante patrocinio de un empleador. Trump ha mantenido desde su primer mandato la intención de limitar estas visas, argumentando la necesidad de proteger a los trabajadores locales. “Si vas a contratar a alguien, será a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país. Contratar a los estadounidenses. Dejar de traer a la gente a tomar nuestros trabajos”, remarcó el mandatario republicano.
La nueva tarifa se enmarca en un contexto donde las solicitudes de visas H-1B han aumentado significativamente, alcanzando un pico de aproxidamente 400,000 aprobaciones en 2024, de las cuales dos tercios correspondieron a renovaciones. Tres cuartas partes de los solicitantes aprobados son originarios de India, concentrándose principalmente en el sector tecnológico. El anuncio contrasta con las políticas del presidente demócrata Joe Biden, bajo cuyo mandato se registró el mayor número de aprobaciones de estas visas en 2022, mientras que el pico de rechazos ocurrió en 2018 durante el primer mandato de Trump.
Esta medida se complementa con otras iniciativas antiinmigración de la administración Trump, incluyendo expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular y la creación de la ‘tarjeta dorada’, un documento para extranjeros que “apoyen” al país con un costo de un millón de dólares para trámites individuales o dos millones para solicitudes empresariales. El gobierno argumenta que estas políticas buscan equilibrar la necesidad de trabajadores especializados con la protección del mercado laboral doméstico, asegurando que sólo ingresen al país los profesionales “realmente extraordinarios” que no pueden ser suplidos por talento local.
