Una redada de inmigración realizada por múltiples agencias federales en la planta Hyundai Metaplant de Georgia resultó en la detención de 475 personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, informó este viernes Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para Alabama y Georgia. La operación, calificada como la mayor de control migratorio en un solo lugar en la historia de HSI, incluyó la participación del FBI, DEA, ATF y la Patrulla Estatal de Georgia ejecutando una orden de registro por denuncias de prácticas laborales ilegales.
Según el funcionario federal, la mayoría de los detenidos son ciudadanos coreanos que habían sobrepasado el tiempo permitido por sus visas o se encontraban en situación migratoria irregular. Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra las personas arrestadas. La redada detuvo temporalmente la construcción de la planta de baterías para vehículos eléctricos, una empresa conjunta entre Hyundai y LG que forma parte del extenso complejo de 1.177 hectáreas ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah, Georgia.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado explicando que la operación formaba parte de una investigación penal en curso sobre “denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”. El texto agregó: “Juntos, enviamos un mensaje claro e inequívoco: quienes exploten a nuestra fuerza laboral, socaven nuestra economía y violen las leyes federales rendirán cuentas”. Imágenes de video obtenidas por CNN mostraron a agentes enmascarados y armados dando órdenes a trabajadores de la construcción con cascos y chalecos de seguridad para que formaran filas durante el allanamiento.
Michael Stewart, portavoz de Hyundai, declaró que la empresa está cooperando con las autoridades y está “comprometido a cumplir con todas las regulaciones laborales y de inmigración”. La planta de Georgia ha sido promocionada por el gobernador estatal como el mayor centro de desarrollo económico en la historia del estado, representando una inversión significativa en la fabricación de vehículos eléctricos.
Paralelamente, en el norte del estado de Nueva York, decenas de trabajadores de Nutrition Bar Confectioners en Cato fueron detenidos durante otra redada de ICE ese mismo día. Según el Ministerio Rural y Migrante, que presenció la operación, agentes federales llegaron en la mañana del jueves e interrogaron a “prácticamente toda la fuerza laboral”. La organización publicó un video en Facebook mostrando agentes conduciendo personas a una camioneta marcada como “Patrulla Fronteriza”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó enérgicamente la operación en su estado: “Estoy indignada por las redadas de ICE de esta mañana en Cato y Fulton, donde más de 40 adultos fueron detenidos, incluidos padres de al menos una docena de niños que corrían el riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”. Hochul añadió que tales operaciones “no harán que Nueva York sea un lugar más seguro” y “destrozarán a familias trabajadoras que simplemente están tratando de construir una vida aquí”.
Mark Schmidt, propietario de Nutrition Bar Confectioners, declaró al New York Times que todos sus trabajadores contaban con documentación legal para trabajar en Estados Unidos. “Hemos hecho todo lo posible para verificar la información de las personas que contratamos”, afirmó. Su hijo Lenny Schmidt, vicepresidente de la compañía, describió la redada como “exagerada” y “casi teatral”, criticando el despliegue de perros policía y vehículos todoterreno para una operación que, en su opinión, “podría haberse manejado de forma mucho más humana y decente”.
Estas redadas coordinadas ocurren mientras líderes de Chicago se preparan para un posible despliegue de la Guardia Nacional ante una esperada operación de control de inmigración en esa ciudad. Las acciones reflejan la ofensiva migratoria de la administración Trump en lugares de trabajo de todo el país, priorizando la aplicación de leyes de inmigración en centros laborales que emplean a migrantes indocumentados. La escala de la operación en Georgia, particularmente, marca un precedente significativo en las tácticas de enforcement migratorio a nivel nacional.
