Este martes 2 de septiembre, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entrará en funciones y, como uno de sus primeros actos, procederá a la designación de las cinco personas que conformarán el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), un cuerpo creado por la reforma judicial de 2025 que sustituye al anterior Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y que tendrá a su cargo la administración, los recursos y el personal del Poder Judicial de la Federación.
El OAJ nace como resultado de la reforma al Poder Judicial aprobada previamente, la cual también derivó en las elecciones de 2025 para elegir nuevas y nuevos ministros. Una de las cambios estructurales más significativos es la separación de la presidencia de la SCJN y la del ahora extinto CJF, cargos que antes recaían en una misma persona, como fue el caso de la ministra Norma Piña.
Las funciones principales del Órgano de Administración Judicial serán la administración del presupuesto, la carrera judicial, la determinación de circuitos y sedes judiciales, y otras tareas de gestión esenciales para asegurar el funcionamiento institucional del Poder Judicial. Su labor se coordinará con el también recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que investigará y resolverá procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves cometidas por personal jurídico, además de evaluar el desempeño de magistradas, magistrados, jueces y juezas.
La integración del OAJ estará compuesta por cinco personas. Tres de ellas serán designadas directamente por el pleno de la SCJN, una por la Cámara de Senadores y la restante por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. La mandataria nombró a Néstor Vargas Solano, a quien describió como “un hombre honorable” y cercano a ella desde su etapa como alcaldesa de Tlalpan. Él se encargará de presidir el órgano. Cabe señalar que Néstor Vargas Solano enfrenta acusaciones públicas por violencia sexual por parte de una exfuncionaria del gobierno de la Ciudad de México.
Las figuras que integrarán el nuevo órgano son: Néstor Vargas Solano, actual Director Jurídico de la SEGOB; Lorena Josefina Pérez Romo, Magistrada de Circuito; Surit Berenice Romero, Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; José Alberto Gallegos Ramírez, empleado del INPI y señalado como cercano a Hugo Aguilar; y Greysi Muñoz, asesora también vinculada a Hugo Aguilar.
Entre los nombres propuestos, destaca la trayectoria de Lorena Josefina Pérez Romo, quien fuera candidata a ministra de la SCJN. Pérez Romo cuenta con 26 años de carrera dentro del Poder Judicial de la Federación, donde no registra antecedentes de amonestación o procedimientos por mal desempeño. Ascendió desde oficial secretaria de un juzgado hasta magistrada en 2020 mediante concursos de oposición.
En entrevistas previas, la magistrada Pérez Romo ha reconocido que la reforma judicial aprobada no era la alternativa ideal, pero subraya que ahora es un hecho consumado. Ante este escenario, ha enfatizado la necesidad de que personas con experiencia dentro del sistema contribuyan a navegar este proceso de transición. “La reforma ya está y no se puede hacer más. Yo no tomé la decisión de continuar en esto porque además de las capacidades tengo una experiencia de 26 años en la judicatura”, señaló.
Entre sus propuestas públicas, Pérez Romo ha planteado que las y los ministros de la Corte sean evaluados cada tres meses con base en indicadores de eficacia, velocidad y calidad técnica en la resolución de casos, pudiendo aplicarse correctivos que, en casos extremos, podrían llegar a una revocación del mandato. “La reforma judicial es clara en que la justicia tiene que ser realmente expedita”, afirmó.
La magistrada también ha señalado la existencia de un rezago preocupante en la SCJN, citando controversias constitucionales pendientes desde 2014. Por ello, ha propuesto la realización de una auditoría exhaustiva a los asuntos que el pleno saliente deja sin resolver. “Este pleno dejó de funcionar en los hechos y de resolver temas hace meses. Se tiene que auditar qué están dejando. Qué asuntos hay pendientes desde hace años. Y eso tiene que comunicarse. Es urgente una auditoría a la Corte”, advirtió.
Respecto a las críticas sobre la designación de personas sin experiencia previa en el Poder Judicial, Pérez Romo ha mencionado que no deben descartarse de antemano, pero subraya la importancia de que se preparen y cuenten con las capacidades necesarias para un trabajo de alta exigencia técnica.
La puesta en marcha del Órgano de Administración Judicial marca el inicio de una nueva etapa para la estructura administrativa del Poder Judicial Federal, en cumplimiento de los cambios constitucionales derivados de la reforma, cuyo impacto en la eficiencia y transparencia de la institución se evaluará en los próximos años.
