A una semana del regreso a clases, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció que el Gobierno Federal no ha realizado el pago de los 800 millones de pesos prometidos durante las movilizaciones de mayo en la Ciudad de México y el plantón indefinido en Palacio Nacional.
La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, explicó en entrevista que este monto nunca se pactó como transferencia directa a la CNTE, sino que estaba destinado a resolver necesidades urgentes del magisterio en Oaxaca, particularmente para la contratación de nuevo personal docente y administrativo en planteles que permanecieron cerrados durante el ciclo escolar pasado por falta de maestros.

De acuerdo con la profesora Pérez, la falta de personal ha afectado significativamente al estado de Oaxaca, donde numerosas escuelas no pudieron operar normalmente durante el ciclo anterior. “Hasta el momento no tenemos ninguna notificación que nos indique algo del proceso para recibir los recursos, actualmente no tenemos una fecha asegurada de cuándo estaría el presupuesto”, recalcó la líder magisterial.
Además del incumplimiento en el presupuesto prometido, Yenny Aracely destacó que tampoco se les ha otorgado el equipo solicitado desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como computadoras y proyectores para las escuelas de Oaxaca, atribuyendo estos retrasos a procesos burocráticos que impiden el cumplimiento de los acuerdos.
La Sección 22 y la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México coinciden en que su principal exigencia sigue siendo la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, que sustituyó el esquema de pensiones solidarias por uno de cuentas individuales administradas por Afores.

Ambas secciones afirman que el Gobierno Federal no ha dado una solución real a esta demanda histórica, y que las respuestas obtenidas durante la pasada jornada de lucha no han sido satisfactorias. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se prepara para realizar una Asamblea Nacional donde definirá su plan de acción para el periodo 2025-2026, manteniendo la movilización tanto en las calles como en el debate público sobre las condiciones laborales y educativas en el país.