Colombia fue sacudida este jueves por dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del gobierno de Gustavo Petro al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques. El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde doce policías antinarcóticos murieron y otros cuatro resultaron heridos al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Horas después en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 71 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar. La explosión dejó una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer es parte de las disidencias de las FARC.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó una fotografía del capturado en Cali, de quien dijo que “es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, un grupo del que supuestamente hacen parte varios organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero “al llamado frente 36 del EMC” y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones “terroristas” junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, expresó durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar. El presidente añadió que “lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre en mi gobierno. Es terrorismo”, tras pedir un minuto de silencio por las víctimas y señalar que esos crímenes constituyen además “actos de guerra”, sujetos a ser investigados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).
El presidente de izquierda, muy criticado por el aumento de la violencia en el país, se trasladó anoche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo al seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.
El ex mandatario conservador Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino”. Su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que “es urgente implementar una política de seguridad efectiva” y añadió que las fuerzas armadas “necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo”. Ante los ataques, el ministro de Defensa ofreció hasta 50 mil dólares de recompensa por información que permita a las autoridades anticiparse “a cualquier atentado terrorista en el país” y dijo que no descartan tomar “medidas excepcionales” ante la posibilidad de más ataques.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó los dos atentados que sufrió Colombia. La oficina urgió a los grupos armados no estatales “a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), en particular el principio de distinción” que obliga a diferenciar entre combatientes y población civil para evitar ataques contra personas no involucradas en el conflicto. A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano se solidarizó con el presidente del país andino, Gustavo Petro, su gobierno y con el “hermano pueblo colombiano”, y expresó “sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su acompañamiento a los heridos y afectados”.
En Bogotá, la embajada de Estados Unidos condenó los atentados en Amalfi a través de un mensaje en X, antes de que sucediera los ataques en Cali. Otros países del hemisferio, como Panamá, condenaron los actos de violencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que en 2024 el conflicto colombiano alcanzó su punto más crítico desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016 y que 2025 se perfila como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década.
