Al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas este jueves producto de dos atentados perpetrados con un camión bomba y con un dron en las ciudades de Cali y Amalfi. El ataque de Cali ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El presidente Gustavo Petro confirmó el hecho durante un discurso en un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país, indicando que todas las víctimas eran civiles según la información disponible hasta el momento. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó la explosión como un “ataque narcoterrorista” en el que se utilizó un camión cargado de explosivos.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, personas heridas en el piso y gente huyendo despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos cerca de la base Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100 mil dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá “con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales” como las que cometieron este atentado.
En un hecho separado, un helicóptero de la Policía colombiana fue atacado supuestamente con un dron en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. El presidente Petro informó a través de X que este incidente dejó al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos. El mandatario explicó que la aeronave tenía como misión llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi cuando fue atacada. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en la misma red social que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca”.
Los dos ataques simultáneos representan una escalada significativa de la violencia en Colombia, con incidentes que afectaron tanto a civiles como a miembros de la fuerza pública. El atentado en Cali ocurrió en las inmediaciones de una instalación militar importante, mientras que el ataque al helicóptero se produjo en una zona rural donde se realizan operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Las autoridades no han establecido públicamente si existe alguna conexión entre ambos eventos criminales.
El gobierno colombiano enfrenta el desafío de responder a estos actos de violencia mientras continúa implementando su política de “paz total”. El presidente Petro ha convocado a las autoridades competentes para diseñar estrategias que permitan desmantelar las redes criminales responsables de estos ataques. La situación de seguridad en el país sigue siendo compleja, con múltiples actores armados operando en diferentes regiones y utilizando tácticas cada vez más sofisticadas como el uso de drones para atacar aeronaves oficiales.
