El Consejo General del INE determinó, tras una investigación de cinco años, que no existe rastro bancario ni registros que permitan identificar la ruta del dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y David León, ni que hayan sido utilizados en beneficio del partido Morena entre 2015 y 2018. El proyecto de resolución señala que de los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre las supuestas aportaciones en efectivo y un posible financiamiento paralelo al partido.
La investigación se originó tras la revelación en 2020 de un video donde se observa a Pío López Obrador recibir fajos de dinero en efectivo de parte de David León, quien se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, sostuvo que la Unidad Técnica de Fiscalización verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales, analizó documentación, soporte y registros contables, e incluso consideró peritajes técnicos al material audiovisual, pero no se obtuvo el grado suficiente para acreditar la conducta denunciada.
“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, reconoció Humphrey durante la presentación de los resultados de la investigación. Señaló que requirieron información a la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Morena, empresas vinculadas con David León, así como a los involucrados, aunque no todos respondieron, lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación.
El consejero Jaime Rivera reconoció que “hay casos donde la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica”, como en este, que pese a las diligencias no se pudo comprobar lo observado en los videos. También señaló a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales (FISEL), ya que a pesar de tener más facultades de investigación que el INE, determinó no ejercer acción penal en 2022, argumentando que los videos fueron alterados. La consejera Dania Ravel apuntó que las únicas pruebas que tienen son dos videos, mismos que fueron desvirtuados por la FISEL.
El representante de Morena, Ernesto Prieto, defendió la decisión al afirmar que no se trata de un fallo político, sino de una resolución plenamente jurídica que se sustenta en la presunción de inocencia. “No significa ignorar el escrutinio público ni restar importancia a las dudas legítimas que en su momento se generaron. Significa, más bien, honrar nuestra obligación institucional de no convertir la sospecha en condena, ni el debate mediático en sentencia”, aseveró durante la sesión del Consejo General.
En contraste, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló que el video evidencia un esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso, sin comprobación y ni transparencia, con fines electorales. “En palabras del propio David León, se trataba de un esquema mensual de aportaciones, documentada incluso en una libreta que le llamaban La Biblia, quien financia esta oscura actividad del partido político Morena. Violó la ley, ocultó los ingresos y traicionó la confianza de la ciudadanía”, acusó durante su intervención en el debate.
La resolución del INE cierra formalmente una investigación que se extendió por cinco años y que involucró múltiples instituciones financieras y autoridades. El caso había generado amplio debate público y político desde la filtración de los videos en 2020, manteniéndose como un tema recurrente en la discusión nacional sobre financiamiento político y transparencia en los procesos electorales. La determinación del órgano electoral se basa en la falta de evidencia contable, bancaria o fiscal que permitiera vincular formalmente los recursos observados en los videos con el financiamiento del partido Morena.
