Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia en la que sería imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Los cargos derivan del probable quebranto de 3 mil 412 millones de pesos durante su administración estatal. Ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, el defensor Ángel Echegaray Vaca declaró desconocer el motivo de la inasistencia de su representado a esta audiencia crucial.
La FGR ha estado investigando al exmandatario michoacano desde hace dos años, según documentación revelada por medios de comunicación. La investigación se centra en la presunta compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, operación que habría generado el quebranto millonario al erario estatal.
El Ministerio Público Federal argumentó que Aureoles Conejo cometió diversos delitos de manera continuada entre 2015 y 2021, período que abarca su gestión como gobernador del estado. La orden de aprehensión en su contra fue librada por la jueza Sánchez Nava el 27 de febrero de este año.
En un oficio fechado el 18 de agosto de 2023, un analista del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR ya había reportado sobre el riesgo de que Silvano Aureoles evadiera la acción de la justicia.
El documento también alertaba sobre la posible fuga de siete de sus excolaboradores: José Antonio Bernal Bustamante, Juan Bernardo Corona Martínez, Israel Patrón Reyes y Carlos Maldonado Mendoza, entre otros. El análisis del Cenapi señalaba que todos los investigados podrían obstaculizar las investigaciones en su contra dada su presunta participación en la red de desvíos de recursos.
La audiencia programada para este martes representaba un momento crucial en el proceso legal contra el exgobernador, pues en ella se formalizarían los cargos en su contra y se definirían las medidas cautelares correspondientes. La falta de comparecencia de Aureoles Conejo complica el desarrollo del caso y podría derivar en la emisión de una orden de búsqueda y localización por parte de las autoridades judiciales.
La FGR presume que el exmandatario es probable responsable de los delitos imputados, basándose en evidencias recabadas durante los dos años de investigación encubierta que mantuvieron sobre sus actividades y las de su círculo cercano de colaboradores.
El caso forma parte de una serie de investigaciones contra exfuncionarios estatales por presuntos desvíos de recursos durante sus administraciones. La fiscalía ha enfatizado que los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita representan un grave daño al patrimonio público y requieren ser perseguidos con todo el rigor de la ley.
La jueza Sánchez Nava deberá determinar los siguientes pasos procesales tras la inasistencia del exgobernador, mientras la FGR continúa con la integración de la investigación en contra de Aureoles Conejo y sus presuntos colaboradores en el esquema de desvío de recursos.
