La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que el Gobierno de México no ha establecido ningún acuerdo de colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, contradiciendo directamente un comunicado emitido por la agencia estadounidense el día anterior. La mandataria desmintió la existencia del llamado “Proyecto Portero” desde su conferencia matutina, enfatizando que ninguna institución de seguridad mexicana suscribió tal pacto y cuestionando los motivos del anuncio de la DEA.
El conflicto diplomático surgió después de que la DEA anunciara públicamente el lanzamiento del “Proyecto Portero”, una iniciativa que, según su comunicado, tenía como objetivo fortalecer la colaboración con el Gobierno de México para desmantelar a los cárteles de la droga que operan en el país. La agencia estadounidense identificó a seis de estas organizaciones como consideradas terroristas por Washington. La estrategia declarada se centraba en la detención de los “guardianes” de los cárteles, individuos encargados de supervisar el flujo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum fue categórica en su desmentido. “El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué”, declaró la jefa del Ejecutivo federal. Subrayó que cualquier comunicación conjunta entre ambos gobiernos debe realizarse de manera coordinada y conjunta, y que México no valida declaraciones unilaterales de instituciones extranjeras.
Sheinbaum Pardo aclaró que la única interacción existente consiste en un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que actualmente recibe un taller en Texas, lo cual dista mucho de constituir un acuerdo operativo bilateral de la magnitud anunciada por la DEA. Reiteró que ninguna de las instituciones de seguridad nacionales ha firmado ningún documento de colaboración con la agencia estadounidense bajo los términos del “Proyecto Portero”.
En medio de esta discrepancia, la presidenta recordó que entre el Gobierno federal y Estados Unidos se encuentra en elaboración un acuerdo general de seguridad. Mencionó que este pacto “ya está prácticamente listo” y podría firmarse en breve. Puntualizó que dicho acuerdo se fundamenta en cuatro principios rectores: el respeto absoluto a la soberanía nacional, la confianza mutua entre ambas naciones, la operación de cada país dentro de su propio territorio, y la coordinación basada en la igualdad y sin subordinación de ninguna de las partes.
Este incidente se enmarca en un contexto de creciente tensión en materia de seguridad y cooperación bilateral. La mandataria evocó que, tras la decisión de Washington en febrero pasado de catalogar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, su gobierno respondió enviando una reforma constitucional diseñada específicamente para blindar la soberanía nacional ante un posible injerencismo de agencias extranjeras. Dicha reforma incluyó modificaciones sustanciales.
Las reformas constitucionales propuestas incluyeron la adición de un delito grave en el artículo 19 de la Constitución mexicana, penalizando la actuación de cualquier extranjero en México que opere al margen de la ley. Asimismo, se propuso una modificación al artículo 40 para establecer de manera explícita que “el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero” y que “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano”. Estos cambios buscan reforzar el marco legal contra operaciones unilaterales.
