Por Arturo Ángel
La tarde del pasado martes, tras darse a conocer que otras 26 personas presas en México habían sido expulsadas hacia los Estados Unidos sin procesos de extradición concluidos, un juez federal me envió un mensaje para advertirme que lo que había hecho el gobierno era una “flagrante violación al artículo 22 de la Constitución” que prohíbe penas abusivas e inusitadas.
“Se trató de un destierro” me dijo el juez.
Rodolfo de la Guardia, en su momento fiscal especializado en asuntos internacionales de la FGR (antes PGR), exdirector de Interpol México, y uno de los mayores estudiosos de los procesos de extradición de personas, me aseguró que no hay justificación legal posible para echar de su propio país a mexicanos sin una extradición en firme.
“Los nacionales e incluso los extranjeros tenemos derechos humanos que derivan de la Constitución y los tratados internacionales; cualquier persona sujeta a proceso penal o al proceso de extradición tiene esos derechos. Los nacionales no pueden ser expulsados de su propio país”, fue el mensaje del abogado.
No fueron los únicos. En las redes y en columnas de opinión muchos comentaristas (improvisados y expertos) coincidían en que jurídicamente no era posible expulsar a otro país a ciudadanos mexicanos por otra vía que no fuera la de una extradición firme y concluida. La realidad, sin embargo, ha sido distinta.
Entre febrero y agosto de 2025 el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha montado en aviones con destino a los Estados Unidos a 55 personas acusadas de ser capos y jefes del narcotráfico, cuyos procesos de extradición no estaban concluidos, no habían iniciado o incluso habían sido negados.
Los medios en los Estados Unidos y los fiscales en la cortes han dicho, sin atisbo de duda, que México decidió expulsar a estas personas por considerarlas una amenaza a su seguridad. El gobierno de México ha optado por buscarle sinónimos más amables como “traslados” o “envíos” pero con el mismo argumento: motivos de seguridad de por medio.
“Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión orientada a la protección de la población de nuestro país”, dijo un solemne secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en una conferencia de prensa un día después de la expulsión, traslado, envío… destierro de los últimos 26 hacia Estados unidos.
Apresurado por dejar en claro que esto no había sido una ofrenda al gobierno de Trump ni una decisión tomada desde Washington, tanto García Harfuch como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, insistieron en que la decisión de sacar el país a estar personas se tomó sustentada en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Artículo que, si uno lo revisa, es una descripción de situaciones que se consideran seguridad nacional del país… y ya. Dicho artículo no refiere, ni de forma somera, facultad alguna para desterrar a mexicanos por considerarlos un riesgo.
Pero supongamos que es cierto, y que esto NO se trata de una estrategia para encontentar al señor que gobierna desde la Casa Blanca, sino una acción que nace de una preocupación y un riesgo real de México por sus ciudadanos. Un riesgo que el secretario Harfuch describió de la siguiente forma:
“Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos (…) Estas 26 personas, que se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales…”.
No entiendo como una declaración de esta magnitud no es hoy un escándalo. Una cosa es que se sepa que hay cárceles en el país donde lo que priva es el autogobienro y el descontrol oficial. Pero otra muy distinta es que el secretario de Seguridad reconozca que ni siquiera los penales federales son capaces de impedir que las personas en su interior sigan delinquiendo.
Si la única alternativa para frenar la actividad criminal de las personas privadas de su libertad en una cárcel en México es violar sus derechos humanos estaos fritos. Si la única opción que nos queda es sacarlos de la prisión y desterrarlos hacia el vecino del norte también estamos fritos.
Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación indican que actualmente hay en México más de 250 mil personas presas y, de ellos, casi cien mil están en prisión preventiva sin sentencia. Es la cifra de personas encarceladas más alta de la última en una década. Y todos ellos en reclusorios que, como ahora reconoce Harfuch, se puede seguir delinquiendo.
Irónico. Uno de los argumentos favoritos del gobierno federal y de los gobiernos estatales para defender una figura abiertamente violatoria de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o automática, es que la cárcel es el único recurso con el que cuenta el Estado mexicano para neutralizar el riesgo que representa un presunto delincuente aun sin sentencia. Lo han repetido hasta el cansancio: la cárcel para estas personas, aun siendo inocentes, es la única alternativa para que ni victima sin testigos ni el resto de la gente estén en riesgo.
Hoy sabemos que aún desde las cárceles más seguridad del país se delinque. Hoy sabemos entonces que, su argumento para mantener la prisión oficiosa a toda costa, es mentira.
