El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó este viernes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por lo que calificó como una “toma hostil” del Departamento de Policía de la capital estadounidense. La acción legal busca bloquear el nombramiento del director de la DEA, Terry Cole, como comisario de emergencia de la policía local, ordenado por la fiscal general Pam Bondi designada por Trump, en medio de una disputa sobre la autonomía del distrito y las estrategias para combatir el crimen.
La demanda, presentada ante un tribunal federal, argumenta que las acciones del gobierno federal exceden los límites establecidos por la Ley de Autonomía (Home Rule Act) de 1973 y constituyen “la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás”. Schwalb solicitó al juez que declare inconstitucionales las medidas de Trump y Bondi, y permita que la alcaldesa Muriel Bowser y la jefa policial Pamela Smith mantengan el control de las fuerzas del orden.
El conflicto se desató cuando Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y anunció la activación de 800 efectivos de la Guardia Nacional, citando la necesidad de “restablecer el orden público” ante lo que describió como una ola criminal. Sin embargo, autoridades locales contradicen esta afirmación, señalando que los índices delictivos han disminuido desde el repunte registrado en 2023.
La alcaldesa Bowser respaldó la posición de Schwalb, calificando el nombramiento de Cole como “ilegal” y sugiriendo que no acatarían la orden. El miércoles, Trump había anunciado su intención de extender el control federal más allá de los 30 días permitidos por la ley, argumentando que este plazo sería insuficiente para combatir el crimen efectivamente.
El caso plantea un precedente significativo sobre los límites de la autonomía del Distrito de Columbia y la capacidad del gobierno federal para intervenir en asuntos de seguridad local. Las autoridades de D.C. insisten en que la medida de Trump representa un peligroso precedente que podría erosionar permanentemente los derechos de autogobierno de la capital nacional.
