La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro de pagar sobornos para obtener acceso ilimitado al espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En entrevista con Fox News, Bondi detalló que el régimen venezolano utiliza un “puente aéreo” para evadir controles, intercambiando dinero y armas por permisos ilegales en aeropuertos y puertos.
Las declaraciones coinciden con el decomiso de más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro, incluyendo aviones privados, mansiones en Florida y República Dominicana, y joyas. El 7 de agosto, EU aumentó a 50 millones la recompensa por información que lleve a su captura, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles, estructura que Washington vincula con el narcotráfico internacional.
La red de corrupción denunciada
Bondi afirmó que Venezuela opera un esquema de sobornos sistemático para garantizar que cargamentos de drogas lleguen a Centroamérica y México sin ser detectados. “Están intercambiando armas y dinero para corromper las rutas de entrada”, señaló. Estas acusaciones se basan en investigaciones de agencias antidrogas estadounidenses, que han rastreado vuelos clandestinos desde Venezuela hasta Honduras, donde la mercancía sería redistribuida.
Entre los bienes confiscados destacan dos jets privados, nueve vehículos de lujo y una mansión de 3,000 m² en República Dominicana con helipuerto y piscina infinita. Las autoridades no revelaron ubicaciones exactas en Florida, pero confirmaron que los activos ya están bajo control judicial.
Reacciones internacionales
Honduras rechazó enérgicamente las acusaciones. La Cancillería hondureña afirmó en un comunicado que el gobierno de Xiomara Castro ha realizado “los decomisos de cocaína más grandes de su historia”, negando complicidad con redes venezolanas. Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez calificó las declaraciones de Bondi como un “show ridículo”, vinculándola al caso Jeffrey Epstein en un intento de desacreditar la denuncia.
Estados Unidos mantiene su postura de no reconocer a Maduro como presidente legítimo, respaldando en cambio al opositor Edmundo González Urrutia. La estrategia de presión incluye sanciones económicas y acciones legales contra funcionarios chavistas, acusados de lavado de dinero y narcotráfico.
Implicaciones para la región
El caso expone la complejidad del narcotráfico transnacional, donde presuntas conexiones gubernamentales facilitarían el movimiento de drogas. Según Bondi, los sobornos permitirían a Venezuela operar con impunidad en espacios aéreos clave, evadiendo radares y controles.
Expertos señalan que estas acusaciones podrían tensionar las relaciones entre EU y los países mencionados, especialmente Honduras, que recibió 61 millones de dólares en ayuda antidrogas en 2023. Mientras, Venezuela insiste en que las pruebas son fabricadas como parte de una “persecución política”.
