Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que los 26 criminales entregados a Estados Unidos este martes continuaban dirigiendo operaciones ilícitas desde los centros penitenciarios mexicanos donde estaban recluidos. A través de visitas personales que no pueden restringirse por derechos humanos, estos líderes mantenían control criminal, amenazaban funcionarios y extendían redes de corrupción, según confirmaron autoridades federales.
La operación de traslado requirió 988 elementos de seguridad y 91 vehículos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR. Los reos fueron transportados en 12 aeronaves oficiales desde la Base Aérea Militar No. 1 hacia cuatro destinos en EU: Nueva York, California, Arizona y Virginia. Entre los extraditados se encontraban operadores clave del Cártel de Sinaloa, CJNG y otras organizaciones designadas como terroristas por Washington.
García Harfuch explicó que estas redes aprovechaban el sistema de visitas en prisiones para mantener estructuras operativas, un vacío que las autoridades buscan corregir sin violar garantías fundamentales. “La situación exige reforzar controles en penales, garantizando que no se usen como centros de mando criminal”, afirmó el secretario durante el informe sobre la operación, donde destacó que no hubo incidentes durante los traslados.
Esta es la segunda entrega masiva del año, luego de que en febrero pasado México extraditara a 29 narcotraficantes, incluido Rafael Caro Quintero. El gobierno estadounidense, a través de su embajada, reconoció la colaboración interinstitucional que involucró al Departamento de Justicia, DEA y Servicio de Alguaciles. Como en ocasiones anteriores, EU se comprometió a no solicitar pena de muerte para los reos.
El problema del control criminal desde prisiones no es nuevo, pero alcanzó niveles alarmantes con líderes como ‘El Jando’ y ‘El Piyi’ del Cártel de Sinaloa, quienes según inteligencia mexicana coordinaban actividades ilícitas mediante redes de abogados y visitantes que ingresaban mensajes y órdenes. García Harfuch advirtió que esta práctica vulneraba los esfuerzos por reducir la violencia, al permitir que estructuras criminales siguieran activas pese al encarcelamiento de sus cabecillas.
La expulsión masiva representa un golpe operativo para las organizaciones criminales, aunque especialistas advierten que el vacío de poder podría generar violencia temporal mientras se reconfiguran las estructuras. El gobierno mexicano insiste en que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina intervención financiera, inteligencia y cooperación internacional.
Esta colaboración bilateral en seguridad sigue siendo polémica, con críticos que señalan riesgos para la soberanía judicial. Sin embargo, el gobierno federal mantiene que son decisiones autónomas basadas en evaluaciones de riesgo nacional. Los 26 extraditados enfrentarán cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos en cortes federales estadounidenses, donde las tasas de condena superan el 90% en casos de crimen organizado.
