La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la reciente entrega de 26 presuntos criminales a Estados Unidos fue una “decisión soberana” tomada por motivos de seguridad nacional, no en respuesta a presiones del gobierno norteamericano. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Consejo Nacional de Seguridad determinó la extradición tras un análisis del Sistema Nacional de Inteligencia, enfatizando que estas acciones forman parte de la estrategia mexicana contra el crimen organizado.
“En todos estos casos de extradición o envío de miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional. La presidenta aclaró que si bien algunos de los entregados tenían solicitudes de captura internacional, la determinación final respondió exclusivamente a intereses nacionales. El gabinete de seguridad ofrecerá detalles adicionales sobre los criterios aplicados en esta operación, la segunda de este tipo en lo que va del año.
Las declaraciones surgen tras la polémica por la entrega de los 26 objetivos prioritarios, entre los que se encontraban operadores de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Noreste. Sheinbaum negó que exista un “acuerdo de seguridad” predeterminado con EU que obligue a estas acciones, aunque reconoció que varios de los extraditados eran buscados por autoridades estadounidenses. “Son decisiones que se toman en México, para seguridad en nuestro país”, reiteró.
Expertos interpretan estas declaraciones como un esfuerzo por reafirmar la autonomía de México en materia de justicia penal internacional, en un contexto donde Estados Unidos ha intensificado su presión contra los cárteles mexicanos. La administración Trump ha clasificado a estas organizaciones como “terroristas extranjeras”, lo que podría justificar mayores exigencias de colaboración.
El gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, ofrecerá a las 11:00 horas una conferencia para detallar los nombres de los extraditados, los delitos que cometieron en México y el proceso legal que llevó a su entrega. Fuentes cercanas al proceso indican que varios de ellos enfrentaban cargos por narcotráfico, homicidio calificado y secuestro en territorio mexicano, además de las acusaciones en EU.
La estrategia parece responder también a críticas internas sobre una posible subordinación a la agenda antidrogas de EE UU. Al enfatizar el beneficio para México, el gobierno federal busca legitimar estas acciones ante una población históricamente sensible a intervenciones extranjeras en asuntos de seguridad. El impacto real en las estructuras criminales se podrá evaluar en los próximos meses, cuando se conozcan los resultados de los procesos judiciales en ambos países.
