La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este martes que reactivará el proceso penal contra Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por incumplir el pago de 216 millones de dólares acordados como reparación del daño a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la venta de una planta de fertilizantes obsoleta en 2014. El fiscal Alejandro Gertz Manero declaró que el acuerdo suscrito en 2021 “ya no es válido” ante el incumplimiento de pagos por parte del empresario, quien actualmente reside en Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero detalló que Ancira –con doble nacionalidad mexicana y estadounidense– realizó los primeros pagos estipulados pero posteriormente suspendió las aportaciones. El caso se remonta a 2019, cuando Ancira fue detenido en España y extraditado a México para enfrentar cargos por daño al erario, lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos, relacionados con la venta de la planta agronitrogenada a Pemex a un precio que las autoridades consideraron inflado.
La presidenta Sheinbaum respaldó la decisión fiscal, subrayando que “no puede haber impunidad” y criticando al empresario por la quiebra de AHMSA, que dejó sin protección laboral a miles de trabajadores. Aunque la FGR aclaró que aún no solicitará extradición –pues el proceso judicial debe reabrirse formalmente–, Gertz Manero advirtió que se empleará la asistencia jurídica internacional para ubicar a Ancira “donde quiera que esté”.
Este caso emblemático de corrupción empresarial revivirá las acusaciones originales que llevaron a Ancira a negociar el acuerdo de reparación en 2021. Las autoridades mantienen que la transacción con Pemex causó un perjuicio patrimonial superior a los 200 millones de dólares, monto que el empresario aceptó compensar parcialmente antes de suspender pagos. La FGR no especificó plazos para la reactivación del proceso, pero enfatizó que buscará que Ancira “asuma la responsabilidad” por los delitos imputados.
La decisión fiscal ocurre en un contexto de revisión de casos de corrupción anteriores y refleja la postura del actual gobierno sobre la exigencia de reparación integral del daño. El incumplimiento del acuerdo por parte de Ancira podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y el reinicio de un proceso legal que en su momento fue suspendido como alternativa a la prisión preventiva. Mientras tanto, el empresario enfrenta el desafío legal desde Estados Unidos, donde ha mantenido bajo perfil desde su salida de México tras firmar el convenio con Pemex.
Este desarrollo judicial reabre un capítulo controvertido en la relación entre Pemex y sus proveedores privados, marcado por investigaciones por sobreprecios y contratos irregulares. La planta de fertilizantes en cuestión –ubicada en Agronitrogenados– fue adquirida por Pemex durante la administración pasada y nunca operó a capacidad, convirtiéndose en símbolo de malas prácticas en las adquisiciones de la petrolera estatal.
La FGR prepara ahora los argumentos jurídicos para demostrar ante los tribunales que el incumplimiento del acuerdo de reparación anula los beneficios procesales que Ancira obtuvo en 2021. Expertos legales anticipan que el caso podría prolongarse debido a la complejidad de rastrear activos del empresario y a los desafíos que representa su residencia en el extranjero. Mientras tanto, ex trabajadores de AHMSA han celebrado la medida fiscal, esperando que contribuya a esclarecer las responsabilidades por el colapso de la siderúrgica.
