El presidente Donald Trump ordenó este lunes el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la capital estadounidense y colocó a los 3,400 miembros de la policía metropolitana bajo control federal, justificando la medida con datos distorsionados sobre índices criminales. Flanqueado por la procuradora general Pam Bondi y el secretario de Defensa Pete Hegseth, Trump declaró una “emergencia pública” y nombró al administrador de la DEA, Terry Cole, como comisionado interino de la policía local.
“En Washington hoy día, la tasa de homicidio es más alta que la de Bogotá o Ciudad de México”, afirmó Trump en una conferencia de prensa, calificando la situación como “caos y miseria” que requería una intervención federal similar a las políticas aplicadas en la frontera sur. Sin embargo, estadísticas del gobierno municipal contradicen sus declaraciones: los homicidios han disminuido un 65% en comparación con 2023, y los robos de autos un 75%. La alcaldesa Muriel Bowser rechazó la narrativa de una ola criminal, señalando que el crimen violento está en su nivel más bajo en tres décadas.
La orden ejecutiva presidencial también movilizó agentes del FBI, ICE, ATF y Seguridad Nacional para patrullar las calles. Trump anunció planes para detener y deportar a personas en situación de calle, a quienes vinculó con la inseguridad. “Nos vamos a deshacer de barrios marginales”, declaró, mientras la Casa Blanca difundía imágenes de víctimas de crímenes, incluyendo el asesinato de un exasistente del gobierno.
Cientos de residentes protestaron frente a la Casa Blanca con consignas como “No a la Gestapo en DC”, pero la condición de Washington como distrito federal –sin representación congresional plena– facilitó la intervención. Trump sugirió que medidas similares podrían aplicarse en Chicago, Los Ángeles y Nueva York, aunque expertos señalan obstáculos legales para replicar este modelo fuera de la capital.
En su discurso, el mandatario criticó regulaciones que, según él, limitan la acción policial y prometió eliminar restricciones: “Si un criminal les escupe, la policía debería pegarles, y pegar duro”. También amenazó con anular leyes que permiten libertad bajo fianza y protecciones a menores infractores. La Asociación de Alcaldes Demócratas respondió que la reducción del crimen en ciudades como DC ocurrió “a pesar de Trump, no por él”, exigiendo cooperación en lugar de imposición federal.
