Lo que antes eran herramientas agrícolas o recreativas, hoy se han convertido en armas letales en manos del crimen organizado en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, cuando escaló la violencia entre grupos delictivos en el estado, se ha registrado un aumento alarmante en el uso militarizado de drones, incluyendo ataques con explosivos contra fuerzas de seguridad. Autoridades han decomisado dispositivos modificados, cargamentos de explosivos y equipos de control, evidenciando una peligrosa evolución tecnológica en el conflicto criminal.
Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), mientras a nivel nacional hay 7,868 drones registrados entre 2020 y julio de 2025, en Sinaloa solo existen 39 registros activos, revelando un masivo subregistro. Este vacío facilita que grupos criminales operen estos dispositivos sin control, adaptándolos con conocimientos básicos de programación para convertirlos en plataformas de ataque.
En 2025, las autoridades han asegurado 7 drones, 134 explosivos y 17 baterías en operativos, principalmente en el sur del estado. Entre los casos más graves destacan el hallazgo de 28 explosivos para drones en Culiacán (25 de enero) y 21 más en Escuinapa (16 de febrero). Ingenieros consultados confirman que los dispositivos muestran modificaciones como electroválvulas para liberar cargas, mientras otros se usan para vigilancia.
La respuesta legal parece insuficiente. Aunque el Código Penal Federal prevé de 5 a 10 años de prisión por usar drones con fines criminales, expertos señalan que el verdadero desafío está en controlar la importación y el software de estos dispositivos. “Muchos drones llegan con sistemas fácilmente modificables”, advierte un especialista en mecatrónica.
La violencia con drones ya ha dejado víctimas. En diciembre de 2024, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó ataques a militares en la sierra de Culiacán usando estos artefactos. Medios locales documentan al menos cinco enfrentamientos donde se emplearon, incluyendo un ataque en Chihuahua (1 de febrero de 2025) que dejó cuatro soldados heridos.
Frente a esta amenaza, las autoridades comienzan a adaptarse. El 2 de mayo en El Rosario, policías usaron un fusil antidron para neutralizar un artefacto, mientras el Congreso del Estado analiza iniciativas para endurecer sanciones. Sin embargo, la falta de inspección y controles efectivos mantiene a estos dispositivos como armas accesibles para la delincuencia, transformando los cielos de Sinaloa en un nuevo campo de batalla.
La evidencia es contundente: decomisos recientes desmienten las primeras negativas oficiales sobre este fenómeno. Con cada incautación de drones modificados, baterías y controles, queda claro que la tecnificación del crimen no es una amenaza futura, sino una realidad que exige respuestas inmediatas en materia de seguridad, legislación y control tecnológico.
